MÉXICO DF, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría General de la República (PGR) de México ha determinado que el Casino Royale de Monterrey, donde el pasado 25 de agosto murieron 52 personas a causa de un ataque perpetrado por el cártel de Los Zetas, no cumplía con la Legislación de Seguridad Industrial y Protección Civil.
En consecuencia con esta conclusión, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha comenzado a estudiar las responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido los funcionarios estatales que concedieron la licencia de funcionamiento al casino.
"Esas investigaciones corresponden a las autoridades estatales y podrán encaminarse a indagar respecto de los delitos de fraude específico y ejercicio indebido del servicio público", ha informado la PGR del estado de Nuevo León a través de comunicado.
Al margen de esta investigación, la SIEDO también mantiene abiertas otras por delitos de delincuencia organizada, uso de documento falso y violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, según informa el diario 'El Universal'.
Hasta el momento, en relación al ataque al Casino Royale de Monterrey, las autoridades mexicanas han detenido a 28 personas por delitos contra la salud y delincuencia organizada y a 12 por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Si bien, la PGR ha reiterado "su compromiso de continuar con la investigación de estos reprobables hechos para desarticular el grupo criminal autor de los mismos".