CIUDAD DE MÉXICO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Suprema Corte de Justicia de México determinó que los agentes que participaron en los operativos llevados a cabo en el municipio de San Salvador Atenco en mayo de 2006 incurrieron en "graves violaciones" a los derechos humanos de la población.
Aunque se esperaba que la Corte definiría los alcances y objetivos de la comisión investigadora creada el pasado 6 de febrero, el tribunal decidió dar por sentada la existencia de abusos, según informa el diario local 'El Universal'.
A partir de la conclusión de la Corte, la comisión se dedicará únicamente a descubrir las causas y a los responsables de estos delitos para recomendar a las autoridades, de ser necesario, la aplicación de sanciones.
Hace dos semanas, el tribunal acordó que dos magistrados integraran la comisión para investigar las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. Tras mantener ayer una reunión privada, los magistrados llegaron a la conclusión de que existieron abusos, de acuerdo con las pruebas presentadas por la abogada de algunos de los habitantes de la localidad, Bárbara Zamora, consistentes principalmente en videos y fotografías de los hechos.
Sin embargo, de manera especial la Corte se basó en la investigación que realizó sobre este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un documento que destaca que la aportación de la CNDH "tiene una gran importancia para la calificación de los hechos".
Por tanto, agrega, "la investigación no deberá centrarse sobre si existieron o no dichas violaciones, ya que se tienen por demostradas".
La Suprema Corte explicó que se buscan dos objetivos: el primero, que la sociedad mexicana y la comunidad internacional conozcan por qué ocurrieron las graves violaciones a las garantías individuales. "Con ello --señala--, habrá confianza en que el Estado se interesa por la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos".
"El segundo objetivo --agrega-- será permitir, en su caso, que la Corte establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública y hacer llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de garantías, ya sean jurídicas o civiles; así como la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas".