CIUDAD DE MÉXICO, 12 Abr. (EP/AP) -
Un tribunal mexicano ordenó ayer que le fuera restituido su puesto al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, más de un año después de que el Gobierno mexicano lo destituyera por acusaciones de corrupción.
El fallo unánime del tribunal, formado por tres jueces, es el capítulo más reciente en complicado complicado que derivó en algunas de las huelgas más graves en los últimos años, en las que los partidarios de Gómez Urrutia denunciaban una actitud que consideraban como una intervención gubernamental en los asuntos internos del sindicato.
Los líderes sindicales respaldados por el Gobierno que sustituyeron a Gómez Urrutia lo acusaron de malversar 55 millones de dólares. La compañía minera Grupo México se los pagó al sindicato como parte de la privatización en 1990 de dos de las minas de cobre de la empresa, dinero que debía ser distribuido entre los 10.000 trabajadores afiliados al sindicato.
Sin embargo, el tribunal consideró que la Secretaría del Trabajo se excedió en sus atribuciones y no cumplió con los procedimientos establecidos al expulsar de su cargo a Gómez Urrutia en febrero de 2006, y ordenó que fuera restituido en su puesto, el más importante del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares.
Se desconoce si el fallo puede ser apelado. El actual liderazgo sindical no ha comentado el fallo, pero medios de comunicación locales informaron de que habían emitido un llamado para efectuar una nueva asamblea sindical en junio, presumiblemente para elegir nuevos líderes.
Aunque, se cree que Gómez Urrutia huyó a Canadá después de que se tomaron medidas para enjuiciarlo bajo cargos relacionados con la presunta malversación de fondos, sus partidarios protestaron y lucharon para defenderlo, lo que derivó en una huelga de cinco meses en 2006 en la mayor planta de acero líquido de México, la de Sicartsa en el puerto de Lázaro Cárdenas en el Océano Pacífico, así como en minas de cobre.
El 20 de abril del 2006 dos trabajadores murieron y varias decenas de personas --entre ellas algunos policías-- resultaron heridas cuando la Policía estatal y federal hizo un intento sin éxito por desalojar a los trabajadores de la planta Sicartsa.