CIUDAD DE GUATEMALA, 2 Feb. (Notimérica) -
El dictador guatemalteco, Óscar Humberto Mejía Víctores, ha fallecido este lunes a sus 85 años de edad tras padecer una larga enfermedad, causada por las secuelas de un derrame cerebral que lo incapacitó mental y físicamente en 2011, según ha informado el abogado Moisés Galindo a los medios locales.
El dictador ha sido enterrado en un cementerio público de la capital, en el Cementerio General de Guatemala, en una ceremonia discreta y sin ningún tipo de homenaje oficial, ya que, según apunta el Ministerio de Defensa, sus autoridades no fueron avisadas del hecho.
Mejía Víctores, que fue el último general de las dictaduras militares que se sucedieron en Guatemala durante las décadas de los años 60, 70 y 80, le arrebató el poder al dictador Efrain Ríos Montt, del que era ministro de Defensa, tras un golpe de Estado en 1983.
El dictador guatemalteco fue la causa que aceleró la instauración democrática en el país, convocó una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, tras ello llamó a las urnas el 14 de enero de 1986, momento en el que pasó el mandato al presidente democristiano Marco Vinizio Cerezo, primer civil en el poder después unos 30 años.
El gobierno de Mejía está considerado como uno de los más sangrientos en la historia de Guatemala, en 2011 fue acusado por la Fiscalía de genocidio y crímenes de lesa humanidad, como el asesinato de 264 personas y 11 masacres que se produjeron por todo el país.
El anciano dictador se encontraba bajo prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud que se agravó en diciembre de 2011, momento en el que la jueza Patricia Flores ordenó que fuera evaluado por médicos de forma periódica.
En diciembre de 2015, un juzgado de Familia atendió a la petición de su abogado para que fuera declarado interdicto, ya que su empeorado estado de salud le impedía enfrentar el proceso por genocidio en su contra.
Además, el premio Nóbel de la Paz de 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, denunció al militar en la Audiencia Nacional de España por cargos de genocidio, desapariciones forzadas y torturas.