Publicado 01/02/2019 09:32

Tras un nuevo asesinato machista, más de una veintena de feminicidios cierran el mes de enero en Argentina

A man waves an Argentine national flag during a protest against a cost increase
REUTERS / MARCOS BRINDICCI

   BUENOS AIRES, 1 Feb. (Notimérica) -

   Este jueves fallecía en un hospital argentino Juana Carolina Britez Rojas, una vendedora de origen paraguayo de 34 años y residente en el país sudamericano, tras 12 días agonizando por las heridas ocasionadas por el ataque de su marido, el cual finalmente le ha costado la vida.

   Britez Rojas fue rociada con gasolina y prendida fuego por su esposo, tal y como han recogido los medios de comunicación argentinos, engrosando hasta la cifra 22 el número de feminicidios en Argentina solo en el primer mes del año 2019. El dato supone un 10 por ciento más que el registrado el pasado año e indica que en el país austral se produce un feminicidio cada 32 horas.

   En la tarde del miércoles, en la ciudad de Bariloche, la joven Valeria Coppa recibió un disparo en la cabeza, en plena calle a luz del día, presuntamente a manos de su expareja, Mariano Cordi, quien huyó tras los hechos y se encuentra en paradero desconocido. Según contó la madre de Coppa a los medios en el lugar de los hechos, el presunto homicida "lo tenía todo planeado".

   El martes, fue hallado el cadáver de Gissella Solís Calle, odontóloga de 47 años, que permanecía enterrado en una cuneta desde hacía dos semanas. El principal sospecho del asesinato de Solís es su expareja, Abel Casimiro Campos, quien acabó con su vida en un hotel mientras era buscado por efectivos de la policía argentina para ser interrogado por los hechos.

   Ante esta situación, la organización feminista Mujeres por la Matria Latinoamericana (MuMaLá) ha lanzado una petición para que el Gobierno declare una 'Emergencia Nacional de Género' de marzo de 2019 hasta marzo de 2021 y ponga en marcha "propuestas concretas y urgentes para el abordaje de las violencias machistas", según un comunicado de la propia organización.

   Entre las medidas que exige el mismo se encuentran la implementación asistencia jurídica gratuita para víctimas de violencia, un programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida y un "aumento general del presupuesto para el abordaje las violencias" del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).