28 de junio de 2006

Papeleras.- 'Quién debe a quién' organiza en Madrid una protesta con motivo de la Junta de Accionistas de ENCE

La compañía española decide el próximo 9 de julio si continúa con las obras, cuando se prevé que se conocerá el fallo de La Haya

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Manifestantes y activistas de la Plataforma 'Quién debe a quién' exigieron este mediodía a la compañía papelera ENCE en Madrid, --con motivo de la celebración de su Junta de Accionistas--, la retirada del proyecto de la planta de celulosa de papel en Fray Bentos, Uruguay, debido al impacto ambiental y social de sus actividades. La acción, que tuvo lugar a las puertas del Casino de Madrid, se enmarca en la semana de lucha social 'Rompamos el Silencio'.

Según recuerda la Plataforma en un comunicado, la Empresa Nacional de Celulosa Española (ENCE) proyecta construir en Uruguay una gran planta de celulosa. Desde la sociedad civil, señalan, "creemos que este proyecto no debería realizarse por los graves impactos ambientales y sociales que comportaría".

Además, el Gobierno español, a través de la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se plantea "un escandaloso apoyo financiero" con dinero público sin consultar a los más de 70.000 afectados.

La campaña 'No queremos ENCE en Uruguay' ha conseguido --hasta ahora-- que ENCE no reciba el apoyo del CESCE y del ICO ni tampoco del Banco Mundial, agrega el comunicado. La protesta de hoy ante la Junta de Accionistas se ha realizado en coordinación con la Asamblea Ciudadana Ambientalista de Gualeguaychú y el CEDHA (Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente) que lideran la resistencia contra las papeleras en Argentina.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, señaló ayer mismo que ENCE ratificó su intención de continuar con la construcción de la planta de celulosa, en momentos en que circulaban rumores de una posible suspensión del proyecto. "Es el ataque a la financiación el que lleva a ENCE a esa decisión", destacó esta mañana la Asamblea Ciudadana Ambientalista de Gualeguaychú.

La instalación de la planta de ENCE, al igual que otra similar de la finlandesa Botnia, en el lado uruguayo de un río que separa ese país con Argentina desató un conflicto entre ambos Gobiernos "provocando las mayores manifestaciones ecologistas en la historia argentina", añade el comunicado.

GRAVES IMPACTOS

Los impactos ambientales del proyecto serán, en caso de llegar a realizarse, "numerosos y graves". Entre ellos, la contaminación atmosférica (fuerte olor por compuestos de azufre), la extracción de grandes cantidades de agua del río Uruguay, la plantación de grandes extensiones de monocultivos forestales (eucalipto) y la consiguiente pérdida de biodiversidad, así como la producción de dioxinas en el proceso de blanqueo y en la fabricación de dióxido de cloro "muy perjudiciales para la salud humana".

Además, la Plataforma añade como impacto grave la generación y el derrame de productos de desechos, con el consiguiente riesgo de contaminación del agua utilizada para beber, y de destrucción de los recursos pesqueros y los ecosistemas acuáticas, "que dan sustento a muchas comunidades locales en la región".

La problemática ambiental también viene derivada del modelo forestal que ayudan a consolidar y llevan asociado estas plantas. En el caso de Uruguay, "ENCE necesitará 100.000 hectáreas de plantaciones para conseguir la madera necesaria para fabricar la celulosa que ocupan sus tierras de cultivo y zonas de pradera --el ecosistema más importante de Uruguay--, produciéndo problemas de disponibilidad de agua y un abandono progresivo del ámbito rural.

ENCE finalizará esta misma semana una primera etapa preparatoria para la construcción de la planta y aún no está definido cuándo comenzará la siguiente fase. Asimismo, la prensa local recoge que la empresa espera aún el resultado del recurso preventivo de suspensión de obra presentado por Argentina ante la Corte Internacional de La Haya semanas atrás.

Los diarios locales señala también, según la Plataforma, que ENCE podría trasladar su fábrica a 30 kilómetros debido a que la cercanía que tendrá con la de Botnia aumentaría el temor de una eventual contaminación e impediría la financiación pública.

La compañía española decidirá el próximo 9 de julio si continúa con las obras de la planta de celulosa, fecha en que se presume que se conocerá el fallo de la Corte Internacional. La decisión de La Haya incidiría directamente en la resolución del Banco Mundial y del ICO sobre los préstamos solicitados por ENCE.

"Creemos que los trabajos de ENCE se reiniciarán cuando el Banco Mundial y el Gobierno español aprueben los préstamos", apunta la Plataforma. Por eso "extenderemos la campaña contra la papelera para impedir la financiación para la construcción de la planta", concluye el comunicado.