26 de julio de 2006

Paraguay.- El guardia de seguridad del supermercado incendiado en 2004 dice que no sabe quién ordenó el cierre del local

El tribunal anula la acusación de lesión grave contra los acusados de la muerte de 400 personas y causar heridas a otras 500

ASUNCIÓN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Daniel Areco, el guardia de seguridad del supermercado que se incendió en 2004 en Paraguay, en el que perdieron la vida 400 personas y medio millar resultaron heridas, negó en su declaración de hoy ante el tribunal haber recibido ninguna llamada telefónica de los dueños del local ordenándole que cerrara las puertas cuando comenzó el fuego para que los clientes no se fueran sin abonar sus compras.

Areco aseguró que no sabe quién ordenó el cierre del local, y aclaró que cuando se produjo la explosión se encontraba dentro del supermercado, "en medio de la oscuridad y el humo", según informa el diario paraguayo 'Neike'.

Por otro lado, el tribunal que juzga a Juan Pío Paiva, Víctor Daniel Paiva y Daniel Areco como presuntos responsables de la muerte de 400 personas y causar heridas a otras 500 anuló hoy la acusación de lesión grave presentada por la Fiscalía contra los acusados basándose en que se violó el derecho de la defensa de éstos.

Sin embargo, los jueces dejaron abierta la posibilidad de que los implicados sean juzgados bajo esta acusación si durante la audiencia pública se encuentran razones concluyentes, según informa el diario paraguayo 'ABC'.

La resolución tomada por la presidenta del tribunal, María Doddy Báez, y los vocales Elio Ovelar y Manuel Aguirre derivó en la inmediata reacción de la Fiscalía, que presentó un recurso de apelación en subsidio.

Con esta decisión, los más de 500 heridos por el siniestro ocurrido el 1 de agosto de 2004 perderían toda posibilidad de solicitar la indemnización que correspondería en caso de que los tres acusados sean condenados, además de homicidio doloso, por lesión grave.

POSIBLE CAMBIO EN LA RESOLUCIÓN

Tras un receso a mediodía, el tribunal advirtió a los abogados defensores que debían prepararse ante un eventual cambio de calificación producto del desarrollo del juicio, conforme a lo establecido en la ley, lo que fue interpretado por el fiscal Edgar Sánchez y la mayoría de los abogados querellantes como un aviso de que el tribunal juzgará finalmente a los tres acusados por lesión grave y no sólo por homicidio doloso.

Finalmente, el tribunal también decidió rechazar la declaración del arquitecto Bernardo Ismachowiez, pero incluyó en la lista al intendente de Asunción, Enrique Riera, y al doctor Roberto Almirón, así como a la mujer de Víctor Daniel Paiva, a dos empleados de la estación de servicio ubicada frente al establecimiento y a funcionarios del Banco Nacional de Fomento, tal y como lo solicitaron los abogados Cecilia Pérez y Miguel Bernardes, de la defensa pública.