26 de diciembre de 2006

Perú.- El ex presidente Toledo podría volver a Perú en febrero a pesar del proceso penal abierto en su contra

LIMA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex titular del Poder Legislativo peruano Marcial Ayaipoma anunció que el ex presidente Alejandro Toledo podría volver a Lima el próximo mes de febrero, y criticó a la jueza Carolina Lizárraga por abrir un proceso penal contra él por los delitos de asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos por el caso de las firmas falsas.

"El propio Toledo ha manifestado que cada dos o tres meses visitará Perú en forma corta porque sus compromisos académicos como docente en Estados Unidos no led permiten estar mucho tiempo en el país", declaró Ayaipoma.

Según informa la prensa local, Ayaipoma cuestionó que la juez Carolina Lizárraga haya dictado una orden de impedimento de salida contra el ex mandatario, así como el embargo de sus bienes y el pago de una fianza judicial.

"Esa medida es sumamente extrema y hasta abusiva porque se está dando una denuncia con un impedimento de salida, con embargo de bienes, con una caución elevada de 50.000 soles. Prácticamente está tratando al presidente Toledo casi como un delincuente", manifestó.

Ayaipoma recordó que el ex mandatario ha regresado a Perú en diversas ocasiones desde que dejó el poder en julio de 2006, y que hasta ahora ha mostrado voluntad de colaborar con cualquier investigación en torno a su persona.

También criticó que la juez Lizárraga haya basado su denuncia en el informe de la comisión investigadora del caso de las firmas falsas, presidida por el ex congresista Edgar Villanueva, que fue rechazado por votación mayoritaria del pleno legislativo.

Incluso, recordó que ese informe no solo contenía el caso de Perú Posible, sino también de otras agrupaciones que habrían falsificado firmas para lograr su inscripción electoral y participar en los comicios del 2001.

Según la resolución, basada en la denuncia de la fiscal Gloria Ordóñez, Lizárraga apunta que las acciones de Toledo dentro de la presunta 'fábrica de firmas' fueron las de "planificar y coordinar la formación de una organización de personas a quienes convocó, instruyó y dirigió" para el proceso irregular.

Asimismo, el documento señala que la irregularidad consistió, primero en la adquisición de los documentos, en segundo lugar la cumplimentación de los mismos, realizada por los miembros de dicha agrupación política y finalmente la presentación de dichos documentos, rellenados con datos y firmas falsas a las autoridades electorales, en 1998.