LIMA, 20 Nov. (EP/AP) -
El Tribunal Supremo de Perú decidió hoy postergar durante dos semanas el inicio del juicio público al ex presidente Alberto Fujimori por delitos de homicidio, secuestro y lesiones graves.
El comienzo del juicio estaba fijado para el día 26 de noviembre, pero la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo acogió una petición para prorrogarlo hasta el 10 de diciembre presentada por el abogado de Fujimori, César Nakazaki, que alegó que necesita más tiempo para preparar la defensa.
La Sala informó de que su decisión obedece a estrictas razones de igualdad de armas y de equidad, en alusión al mayor tiempo con el que había contado la Fiscalía para plantear su acusación, según detalló en un comunicado el poder judicial. Además, pesaron en su decisión la complejidad del caso, y la opinión favorable a la prórroga por parte del fiscal, así como de los abogados de los familiares de los agraviados, se informó.
Nakazaki explicó horas antes de conocerse la decisión que necesitaba más tiempo para preparar la defensa de Fujimori en el juicio, que calificó de complejo y que, según él, sentará importantes precedentes. "Por primera vez en el mundo se establecerán los criterios legales para que un presidente sea responsable por supuestas violaciones de Derechos Humanos (...) un caso de esta complejidad requiere un tiempo mínimo adecuado para preparar la defensa", manifestó a la emisora Radioprogramas.
Fujimori, de 69 años, será procesado por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el autogolpe de 1992. De ser condenado, se enfrentará a una pena máxima de 30 años de prisión. El ex presidente (1990-2000), cuyo Gobierno se desplomó tras un gran escándalo de corrupción que le obligó a huir a Japón, fue extraditado de Chile el 22 de septiembre.
Otros juicios que se espera afronte posteriormente Fujimori tienen que ver con el pago ilegal de 15 millones de dólares a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, sobornos a congresistas de la oposición, interceptaciones telefónicas, y la compra secreta de un canal de televisión con fondos públicos.