MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las entidades de Iglesia que integran la iniciativa 'Enlázate por la Justicia' --Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades-para el Desarrollo Solidario)-- apoyan la denuncia lanzada por el Consejo Indígena Misionero de Brasil (CIMI) ante las medidas decretadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro, que ha permitido el acceso a poblaciones indígenas aisladas durante la pandemia del coronavirus COVID-19. El CIMI exige que se retire cualquier posibilidad de contacto con estas poblaciones durante esta crisis.
En concreto, el Consejo Indígena Misionero (CIMI) muestra su "repulsa" por la posibilidad planteada por el Gobierno de Bolsonaro de acceder a estas poblaciones y territorios aislados durante la pandemia del coronavirus, pues consideran que esta decisión "pone en riesgo la vida de toda la población indígena".
En la Ordenanza No. 419 / PRES, del 17 de marzo de 2020, que establece medidas temporales para prevenir la infección y la propagación del coronavirus COVID-19, dentro del alcance de la Fundación Nacional del Indio (Funai), se establece, en su artículo 3, que las "coordinaciones regionales pueden otorgar autorizaciones de manera excepcional mediante un acto justificado para llevar a cabo actividades esenciales para las comunidades indígenas".
Además, en el artículo 4, se suspenden todas las actividades que "involucran el contacto con comunidades indígenas aisladas". Sin embargo, a continuación, se incluye un único párrafo donde incluye una excepción: "Si la actividad es esencial para la supervivencia del grupo aislado, debe ser autorizada por la CR por acto justificado".
"Mostramos nuestra perplejidad y repulsa por esta posibilidad planteada por el órgano indígena oficial de tener contacto con pueblos aislados, precisamente en esta situación en la que se llama a la población mundial y nacional a permanecer en aislamiento, dada la gravedad y la letalidad de la enfermedad de COVID-19", subraya el CIMI, añadiendo que "los pueblos indígenas se consideran grupos vulnerables y en riesgo ante una pandemia de proporciones alarmantes".
Los grupos indígenas aislados están contemplados por su propia política dentro del órgano indígena y la relevancia de su protección sigue los preceptos garantizados por la Constitución Federal de 1988. Vinculado al Ministerio de Justicia, Funai se creó el 5 de diciembre de 1967 a través de la Ley 5.371, para ser el coordinador y ejecutor de la Política Indígena del Gobierno Federal. Su misión institucional es proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas en Brasil.
El CIMI denuncia que "bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, la labor de Funai ha estado totalmente en desacuerdo con su misión y en contra del que es su papel institucional como órgano indígena, actuando, de forma contradictoria y criminal, a favor de los intereses anti-indígenas de los agronegocios, el capital depredador y del fundamentalismo religioso".
"En este período de profunda crisis de salud pública no podemos permitir que otros intereses se vean facilitados para ingresar a los territorios, poniendo en riesgo la vida de toda la población indígena", subraya. Por lo tanto, se une a otras instituciones para exigir "la retirada de todas y cada una de las posibilidades de entrada en los territorios de los pueblos aislados y el contacto con estas poblaciones".