WASHINGTON, 20 Mar. (Notimérica) -
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Antoine, ha afirmado que es necesario "combatir la impunidad" para "prevenir la ocurrencia del delito", en casos de graves atentados contra los Derechos Humanos en América Latina, que nunca son compatibles con "las leyes de amnistía". Para mejorar las prácticas y leyes de los Estados, el CIDH ha presentado el informe 'Derecho a la verdad en América', este jueves en Washington (Estados Unidos).
El informe tiene el propósito de apoyar los esfuerzos del sistema interamericano que están orientados a difundir los patrones sobre el derecho a la verdad, mediante la sistematización del marco jurídico y a través de organismos como las Comisiones de la Verdad (CdV).
Para Antoine, el derecho a elegir debe tener dos dimensiones: Por una parte la de las familias y víctimas, que "tienen el derecho a conocer la verdad y la identidad de los que jugaron un papel en las violaciones"; por otra, la sociedad que también "tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro", ha afirmado Antoine durante el acto de presentación del informe.
El informe profundiza en la íntima relación entre la democracia y la vigencia y respeto de los Derechos Humanos, ya que "sólo a través del ejercicio efectivo de la democracia [...] los Derechos Humanos pueden garantizarse a plenitud". El derecho a la verdad ha surgido por la falta de esclarecimiento e investigación en casos de violaciones de derechos por parte de los Estados.
"Es a través de los esfuerzos para combatir la impunidad que los órganos del sistema han desarrollado estándares regionales que dan contenido al derecho a la verdad", y "los Estados y la sociedad civil han desarrollado enfoques e iniciativas para implementarlos", según desarrolla el informe.
LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD.
El derecho a la verdad empezó a manifestarse como "un derecho de los familiares de víctimas de desaparición forzada, siendo la obligación del Estado la de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer los sucedido, así como para localizar e identificar a las víctimas", según revela el informe.
En una sociedad democrática, este derecho es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante "la obligación de investigar de oficio las graves violaciones de derechos humanos" y, por otro, "con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos".
Por eso, el derecho a la verdad no puede coartarse a través de medidas legislativas como las leyes de amnistía, que "impiden el acceso a información sobre los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental" y "eliminan la medida más efectiva para la vigencia de los Derechos Humanos, esto es, el enjuiciamiento y castigo a los responsables".
Este derecho también constituye, en última instancia, "una forma de reparación en casos de violaciones de Derechos Humanos". El reconocimiento de las víctimas es relevante porque significa una forma de "admitir la importancia y el valor de las personas en tanto individuos, víctimas y titulares de derechos".
LAS COMISIONES.
Estos organismos de investigación fueron creados para ayudar a las sociedades que han sufrido graves situaciones de violencia política o guerra interna a enfrentarse de manera crítica con su pasado, con el fin de superar las profundas crisis generadas por la violencia, y evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
A través de las CdD, se pretende conocer las causas de la violencia, identificar los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los Derechos Humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. En casos como el de Argentina, Chile y El Salvador, estos organismos se formaron, tras exigencias masivas, por mandato legal, después de varias negociaciones y acuerdos políticos.
Sin embargo, generalmente las CdV surgen dada la inefectividad del poder judicial para condenar las violaciones a los Derechos Humanos, aunque en otros casos, nacen como fruto del trabajo solidario por parte de organizaciones de DDHH.
EL FUTURO EN LA REGIÓN.
Los estados de Latinoamérica han sido "pioneros en la adopción de diferentes mecanismos destinados a enfrentar las situaciones de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos", en gran medida, por su historia. Sin embargo, tal como se desarrolla a lo largo del informe, todavía resulta necesario "dar pasos decididos para resolver esas situaciones" y "crear los mecanismos necesarios a fin de reparar integralmente a las víctimas y fortalecer el Estado de Derecho".
Para mejorar el futuro de la región, el CIDH recomienda redoblar los "esfuerzos para garantizar el derecho a la verdad en casos de violaciones graves de Derechos Humanos", eliminar "todos los obstáculos legales y de facto que impidan el inicio y/o seguimiento de procesos judiciales en relación con violaciones de Derechos Humanos", "garantizar la colaboración de todas las instituciones estatales en relación con la desclasificación de documentación y provisión de información", entre otras.
En el fondo, la búsqueda de la verdad es un reclamo político, que afecta a víctimas, familiares y a toda la sociedad, ya que la justicia universal exige que las violaciones de Derechos Humanos nunca queden impunes.