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   SANTIAGO, 1 Feb. (Notimérica)-

   La muerte de la menor lactante Sophia, de un año y 11 meses, presuntamente a causa de los malos tratos y abuso sexual que ejerció sobre ella su progenitor, ha puesto en pie de guerra a toda la sociedad chilena. Manifestaciones y protestas, así como altercados de cierta gravedad, plantan cara al Gobierno por los casi 'habituales' casos de violencia hacia los menores en el país.

   De hecho, a través del hashtag #LeySophia, los chilenos han solicitado al Gobierno la creación de una nueva ley --que llevaría el nombre de la menor fallecida como homenaje-- que refuerce las penas contra agresores de este tipo, endureciendo las penas de cárcel para quienes resultes responsables de abusos y maltratos contra menores de edad.

   Los condenados por violencia intrafamiliar hacia menores o por parricidio --delito consistente en matar a un familiar, especialmente señalado en referencia al asesinato de un padre/madre o hijos-- deberían enfrentarse, siempre según las peticiones sociales, a cadenas perpetuas efectivas y sin beneficios. O, incluso, a la pena de muerte.

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   Esta fue derogada en el mes de mayo de 2001, con el Gobierno de Ricardo Lagos. Actualmente, la mención a esta condena aparece únicamente en el Artículo 19, número 1, de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, en el que se indica que la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

   A cambio, se habilitó una condena conocida como presidio perpetuo calificado. Este establece que una persona condenada no puede acceder a ningún beneficio penitenciario --por ejemplo, la salida dominical o la reclusión nocturna-- por el plazo de 40 años, lo cual se establece por la aprobación de la mayoría de miembros en ejercicio de la Corte Suprema de Chile.

   El presidio perpetuo calificado está contemplado en el país para delitos graves como el secuestro con homicidio o violación, el homicidio de un fiscal del Ministerio Público o defensor penal público por el ejercicio de sus funciones, la violación con homicidio o, el parricidio.

   Sin embargo, los chilenos han ido un paso más allá, pidiendo la vuelta de la pena de muerte para casos como el de Sophia, de extrema gravedad y brutalidad. Tal y como indica el diario digital 'Publimetro', la petición ya estaría siendo analizado, al menos, por dos diputados, ambos miembros de la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara.

¿PENA DE MUERTE EN CHILE?

   A día de hoy, en la región latinoamericana únicamente permanece vigente la pena de muerte en la isla de Cuba y en Guatemala, aunque varios de los países abolicionistas --Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú y El Salvador-- mantienen la posibilidad de utilizar la pena de muerte en la legislación militar sólo en tiempo de guerra. Este es el caso de Brasil, Chile, El Salvador y Perú.

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   Si bien Chile fue uno de los últimos Estados en unirse a la negativa de la pena capital en el país, finalmente ratificó el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, por el cual --según su artículo 2-- se contempla únicamente la posibilidad de se pueda declarar la pena de muerte "en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar".

   Este hecho supondría un obstáculo importante para Chile a la hora de volver a implantar la pena capital en el país, tal y como reconocen varios diputados. El diputado del Partido por la Democracia (PPD) Daniel Farcas indicaba a 'Publimetro' que "cuando uno escucha sobre este caso, que consiste en matar a un niño, por supuesto que la pena capital es lo primero que se piensa. Pero en nuestro país no es tan fácil reponerla por todos los acuerdos que existen".

   La idea, indica el diputado del Partido Democrático Cristiano (DC) Gabriel Silber a 'Publimetro' es aplicar una medida que permita dictar condenas sobre otras y que estas sean acumulativas.

   "Muchos estamos de acuerdo a endurecer las penas en casos como este, pero la idea sería imitar un poco lo que ocurre en Estados Unidos donde las condenas condenadas pueden ser acumulativas. Así, se puede sentenciar al responsable de estos hechos a varias condenas perpetuas para asegurar que no recibirá ningún beneficio carcelario nunca", indicaba el parlamentario.

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