TEGUCIGALPA, 8 Jul. (Notimérica) -
Cuatro meses después de la muerte de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, una nueva ola de violencia se ha cobrado la vida de la compañera activista Lesbia Yaneth Urquía este miércoles, después de que su cadáver apareciera en el vertedero municipal de Marcala --conocido como Mata Mulas--, en el departamento de La Paz.
Con 49 años de edad y tres hijos, la militante y ferviente defensora de la naturaleza pertenecía al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) --al igual que la propia Cáceres--, una organización social y política sin ánimo de lucro, que busca salvaguardar los derechos de las comunidades más indefensas en el país.
Urquía se dio a conocer en Honduras en el año 2009, cuando se incrementaron las protestas contra el golpe de Estado al político Manuel Zelaya. En ese momento, la activista pasó a ser una líder comunitaria de renombre.
Al igual que la líder indígena Berta Cáceres, que fue asesinada el pasado 3 de marzo, Urquía luchó para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I (en el municipio de San José), una obra fuertemente vinculada a la vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López.
Tal y como ha destacado 'BBC Mundo', la activista fue encontrada este miércoles en el basurero local, con varias marcas de machete en la cabeza, después de que abandonara su residencia para dar una vuelta en bicicleta.
La policía hondureña ha señalado que la causa del asesinato pudo ser el robo de su bicicleta profesional, aunque el Ministerio Público ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
La ONG COPINH ha afirmado a través de un comunicado que "la muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista".
Según ha destacado la organización Global Witness, con sede en Londres, más de un centenar de activistas han perdido la vida en Honduras durante los últimos 10 años, convirtiendo a la nación iberoamericana en una de las más peligrosas del mundo para los defensores medioambientales.