Actualizado 31/03/2017 01:30

¿Quién ordenó asesinar al fiscal venezolano Danilo Anderson?

   CARACAS, 18 Nov. (Notimérica) -

   El fiscal venezolano Danilo Anderson estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes contra el estado venezolano, además de asesinatos cometidos durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002, cuando fue asesinado en un atentado terrorista con un coche bomba el 18 de noviembre de 2004.

   Las investigaciones de Anderson tenían como objetivo destapar crímenes políticos y homicidios durante el golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, impulsado por el político Pedro Carmona.

   Nacido en Caracas, Danilo Anderson estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en criminología y leyes ambientales. Más tarde trabajó para varios bufetes de abogados y fue fiscal tributario entre 1993 y el año 2000.

   Anderson se describía a sí mismo como un izquierdista radical, que, independientemente de sus opiniones políticas, era percibido por muchos como uno de los más brillantes y mejores fiscales del Ministerio Público venezolano.

INVESTIGACIÓN

   El asesinato se produjo en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas mientras Anderson conducía de la universidad a su casa. En ese momento, un aparato explosivo colocado debajo del asiento del conductor estalló y las investigaciones apuntaron a que dicho explosivo fue activado desde un teléfono móvil.

   Tras el asesinato, las autoridades venezolanas identificaron a dos exagentes de policía que estaban estrechamente relacionados con el complot homicida. Los dos exfuncionarios fueron Otoniel y Rolando Guevara, que fueron detenidos tan sólo ocho días después del suceso, el 26 de noviembre de 2004 acusados por homicidio calificado.

   Sin embargo, otros dos sospechosos en el caso, el abogado Antonio López-Castillo y el exagente de policía Juan Carlos Sánchez cayeron abatidos por efectivos oficiales en incidentes separados. Tras este segundo asesinato, las investigaciones continuaron en busca de los organizadores y autores intelectuales del crimen contra Anderson.

   En agosto de 2005, las autoridades venezolanas detuvieron a Giovanni José Vásquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autoridades Unidas de Colombia (AUC), la organización colombiana paramilitar de ultraderecha.

   El detenido confesó haber participado en dos reuniones para planificar ataques contra altos miembros del gobierno venezolano. Asimismo, confirmó que en el segundo encuentro se fijó como objetivo al fiscal Danilo Anderson, momento en el que aseguró poseer 12 kilogramos de explosivo que habían sido transportados de Panamá a Venezuela.

"CACERÍA DE BRUJAS"

   A pesar de la confesión del presunto organizador del asesinato de Anderson, la credibilidad de este testigo entró en duda después de que se descubriera que tenía antecedentes penales en su nativa Colombia por fraude de identidad.

   El Fiscal General en Caracas en ese momento, Isaías Rodríguez, prohibió difundir información sobre el caso Anderson a la prensa nacional por estar llevando a cabo una investigación paralela sobre Vásquez de Armas mientras el caso se encontraba abierto.

   Rodríguez fue acusado por los opositores por convertir la investigación del asesinato de Anderson en una "cacería de brujas" con tintes políticos, acusaciones que porteriormente desmintió.

   En cuanto a los hermanos Guevara, estos fueron sentenciados a 27 años y nueve meses de prisión por el asesinato de Anderson, la investigación acerca de quiénes fueron los autores intelectuales permanece abierta a día de hoy, convirtiéndose en uno de los casos más controvertidos en la política venezolana actual.

   Además, periodistas de medios de comunicación opositores al Gobierno de Chávez divulgaron informes con un sinfín de supuestas irregularidades en la investigación, según los cuales Anderson estaba envuelto en una red de extorsión que apuntaba a banqueros y otras figuras opositoras. Estas conclusiones fueron rechazadas por la mayoría de familiares y personas cercanas al fiscal, así como por el Gobierno.