25 de octubre de 2007

R.Dominicana.- Un tribunal dominicano rechaza los cargos contra ex ejecutivos de Bancrédito, acusados de fraude

SANTO DOMINGO, 25 Oct. (EP/AP) -

Un tribunal dominicano declaró inadmisible la acción penal seguida contra dos ex ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) en relación a una querella en su contra por un presunto fraude de unos 718 millones de dólares (unos 503 millones de euros).

Los jueces argumentaron en su veredicto que las acusaciones contra el ex presidente Manuel Arturo Pellerano Peña y el ex vicepresidente del banco Juan Felipe Mendoza Gómez, ya fueron conocidas y juzgadas por un tribunal, que dictó una sentencia hace un año. El 17 de agosto del 2006, una corte colegiada condenó a tres años de prisión y al pago del equivalente a unos 30.000 dólares (21.000 euros) a los dos principales ejecutivos del desaparecido Bancrédito.

En el 2003 Bancrédito anunció falta de liquidez para seguir operando, y traspasó sus activos a otra institución bancaria privada, el Banco Profesional. Entonces, el Banco Central decidió demandar a sus accionistas por presunto fraude contra el estado, al alegar que erogó fondos para cubrir las deudas y compromisos de Bancrédito.

Pellerano Peña y Mendoza rechazaron las acusaciones, alegando que cumplieron sus compromisos y traspasaron los activos de la entidad al Banco Profesional con autorización de las autoridades. Al colapso de Bancrédito se unió la desaparición del Banco Mercantil y la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), también en el 2003.

El derrumbe financiero obligó al Gobierno a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, con el que firmó un acuerdo para la recuperación económica del país. El domingo, un tribunal colegiado condenó al presidente de Baninter, Ramón Báez Figueroa, a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de 61.500 millones de pesos (1.287 millones de euros) por los daños provocados por la prácticas fraudulentas de las que se le acusaba.

El tribunal también condenó a diez años de prisión al asesor financiero Luis Alvarez Renta, el único de los acusados sobre los que el tribunal mantuvo el cargo de lavado de activos. Ambos anunciaron que apelarán la sentencia.