Por María Camila Cuéllar, Coordinadora FIBGAR para Sudamérica
MADRID, 18 May. (Notimérica) -
Los años de violencia que han vivido varios países de América Latina han dejado como resultado un gran número de víctimas de la violencia y de violaciones de los Derechos Humanos, han pasado varios años en donde estas no han recibido total reconocimiento de los gobiernos ni mucho menos la reparación debida al daño causado.
Sin embargo, desde países como Colombia y México se han iniciado procesos importantes en el reconocimiento a las víctimas, por medio de leyes que pretenden atender y reparar de manera integral a este amplio de número de personas que en Colombia ya sobrepasa los seis millones. En México, la Ley General de Víctimas del 2013 ha permitido que se piense en las víctimas como sujetos activos del proceso, que se reconozcan no sólo ante la ley y la sociedad, sino ante ellas mismas.
Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), cuando comenzamos a trabajar en el Estado de Morelos en México, nos encontramos con personas que ni siquiera sabían que eran víctimas, que no estaban pidiendo al Gobierno un favor sino que estaban reclamando sus derechos como ciudadanos/as. Desde ese momento y a partir de la voluntad del Gobierno de ESE Estado, se inició el proceso de apoyar la creación de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.
Para su creación, nuestro principal objetivo era que la Ley representara las necesidades de las víctimas y de la sociedad civil en general. ¿Cómo conseguimos que de cierta forma las víctimas se vieran representadas? Por un lado, creamos un Consejo Consultivo donde se sentaron a la misma mesa representantes de las diferentes instituciones del Estado, integrantes de asociaciones civiles y víctimas, y donde se recibían todos los comentarios y sugerencias que terminaron siendo fundamentales para entregar una propuesta de Ley al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, por medio de seminarios, foros y talleres, logramos que las víctimas participaran y contaran sus historias; llevamos víctimas de otros lugares del mundo para que se sintieran identificadas y vieran una salida a sus problemas; nos dieron ideas valiosas sobre cómo se imaginaban la reparación simbólica que querían recibir, finalmente lo único que estábamos esperando era que tuvieran voz en todo lo que estaba pasando.
Además de conseguir que se tuviera una Ley, se iniciaron procesos que son difíciles de medir cuantitativamente, pero hubo un cambio no sólo en los funcionarios y funcionarias públicas al momento de atender a una víctimas con la dignidad que se merecen, sino también en las víctimas al reclamar sus derechos.
El Gobierno entendió que desde los escritorios no se puede determinar qué necesitan las víctimas, hay que consultarlas y preguntarles, porque éstas son sujetos activos. La sociedad en general comenzó a ver la magnitud del problema que se tiene en México frente al número de víctimas (muchas veces indeterminado) y de la forma en la que hay que resarcir de cierta forma sus pérdidas.