CIUDAD DEL SALVADOR, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, recordó este lunes a los seis jesuitas, cinco de ellos españoles, que fueron asesinados junto a dos de sus colaboradoras en 1989 por un batallón especial del Ejército durante la guerra civil que asoló El Salvador entre 1980 y 1992.
"Hago un llamado a la unidad nacional por la que los sacerdotes jesuitas murieron", subrayó el mandatario en un discurso difundido por las cadenas de televisión del país.
Aunque Funes admitió que no le corresponde a él juzgar el asesinato de los jesuitas sino a los tribunales, reclamó dejarse de hipocresía, aclarar los hechos y evitar repetir los errores del pasado.
El Gobierno salvadoreño ha decidido condecorar con la Orden Nacional José Matías Delgado a título póstumo a los seis jesuitas asesinados --los españoles Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró y el salvadoreño Joaquín López y López-- junto a dos colaboradoras suyas --Celina Ramos y su hija Elba de 16 años-- en la Universidad Centroamericana en 1989 por una unidad especial del Ejército. Ellacuría era rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Funes adelantó días atrás que la orden reconocerá sus "servicios extraordinarios prestados al país" y su contribución a la paz y la democracia en El Salvador.
El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España interpusieron en la Audiencia Nacional hace un año una querella contra 14 personas por el asesinato de los jesuitas y las dos colaboradoras, una de ellas de apenas 16 años, una querella admitida a trámite en enero pasado por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Los demandados son el entones presidente y jefe de las Fuerzas Armadas Alfredo Cristiani Burkard --el único excluido de la causa por Velasco--, el general y entonces ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, el JEMAD salvadoreño, general René Emilio Ponce, el comandante de las Fuerzas Aéreas, general Juan Rafael Bustillo, el viceministro de Defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, el etonces viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, el comandante de la primera brigada de Infantería, coronel Francisco Elena Fuentes, así como el mayor y decano asistente del Colegio Militar, Carlos Camilo Hernández.
También fueron demandados los integrantes del batallón Atlacatl del Ejército que perpetró los asesinatos: el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, el teniente segundo Gonzalo Guevara Cerritos, el soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi, así como el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el cabo Angel Pérez Vásquez, el sargento segundo Tomás Zárpate Castillo y el también soldado José Alberto Sierra Ascencio.
Una decena de militares fueron juzgados por este crimen en El Salvador en 1991 y en 2000, pero sólo dos de ellos --el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza-- fueron encarcelados, aunque se les liberó tras permanecer dos años en prisión.
El resto quedó en libertad tras la aprobación de la Ley de Amnistía aprobada en 1993, promulgada por el entonces presidente Cristiani.