9 de julio de 2007

El Salvador.-Trabajadores de Alimentación piden mediación al Príncipe ante prácticas "antisindicales" de Calvo Conservas

El grupo "niega rotundamente" las acusaciones y manifiesta que "se mantendrá firme ante las presiones del sindicato"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) ha enviado una carta al Príncipe de Asturias en la que solicitan su intervención en la política laboral de la conservera Calvo en sus instalaciones de El Salvador. La organización denuncia "prácticas antisindicales" y acusa a la compañía española de haber obligado a someterse a "pruebas poligráficas" a una veintena de trabajadores. El Grupo Calvo "niega rotundamente" estas acusaciones.

Los sindicalistas han recurrido al Príncipe Felipe porque, según afirman, "su presencia resultó decisiva en la búsqueda de una solución" cuando el pasado verano Calvo Conservas estuvo a punto de cerrar su planta de producción y consideró la posibilidad "de retirar sus inversiones en El Salvador". En mayo de 2006, don Felipe había visitado las instalaciones de la conservera en el puerto de la Unión.

La carta, firmada por el responsable de la Secretaría Regional Latinoamericana de UITA, Gerardo Iglesias, hace referencia a "la empresa Calvo Conservas El Salvador S.A., filial del grupo español", que, según los denunciantes, ha emprendido "una verdadera escalada de medidas antisindicales" que comenzó "cuando los trabajadores pretendieron poner en práctica" los "derechos de libertad sindical y de negociación colectiva" recogidos en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la UITA, los líderes sindicales fueron entonces despedidos de la compañía y actualmente "Calvo Conservas continúa con sus prácticas antisindicales utilizando métodos que no se atrevería a emplear en España" como el llamado 'detector de mentiras'.

La plataforma sindical sostiene que "en los últimos días un buen número de trabajadoras y trabajadores se han visto obligados, con la amenaza de que una negativa tendría graves consecuencias, a someterse a pruebas poligráficas".

Esta acusación se deriva de una denuncia "presentada ante la Inspección de Trabajo de El Salvador por el secretario general del SGTIPAC Calvo Conservas, Mariano Alexander Guerrero", según la cual se sometió a "varios compañeros" a la prueba del polígrafo "debido a que supuestamente, habían ocurrido actos de sabotaje" en las instalaciones de la conservera.

El texto de la denuncia, del que se hace eco la UITA, explica que "negarse a practicar la prueba era, según la Administración (de la compañía), una prueba de tener alguna implicación" en el citado sabotaje y puntualiza que tanto la instalación del polígrafo como las declaraciones de los trabajadores ante el mismo no eran fruto de una medida judicial o policial, sino que respondían a las "órdenes administrativas de la empresa" para "indagar sobre 'la fidelidad' de los trabajadores con el patrón".

Por todo ello, la UITA, en representación de "365 organizaciones afiliadas en 122 países" ha solicitado en la misiva al Príncipe de Asturias que utilice "su influencia a los efectos que la mencionada empresa corrija su actitud y acepte mantener una política laboral basada en normas internacionalmente aceptadas" con iniciativas como la readmisión de los directivos sindicales despedidos, y el "cese de las acciones de intimidación en contra de los trabajadores".

NEGACIÓN ROTUNDA

Por su parte, el Grupo Calvo negó "de forma rotunda todas las informaciones que hacen referencia a una presunta represión sindical" y afirmó en un comunicado remitido a Europa Press que "en modo alguno va a permitir cualquier tipo de coacción, y que se mantendrá firme ante las presiones por parte del Sindicato General de Trabajadores.

"La política laboral de la empresa conservera está, y ha estado marcada en todo momento, por el cumplimiento estricto de las leyes de aquellos países en los que opera. Las autoridades salvadoreñas ya han reconocido en ocasiones anteriores que el Grupo Calvo no solo cumple, sino que incluso supera las normas laborales vigentes en aquel país", reza el texto.

Asimismo, la compañía española manifestó su "voluntad de permanecer al margen de cualquier intencionalidad política que pudiera haber detrás de este tipo de acusaciones" y reiteró que "se reserva su derecho a tomar las acciones jurídicas y legales que estime oportunas para defender el buen nombre de la empresa y la defensa de sus legítimos intereses".

"Más allá de estas acusaciones, el Grupo Calvo se muestra orgulloso del nivel de satisfacción y agradecimiento demostrado por una gran mayoría de su plantilla salvadoreña como consecuencia de la implementación de numerosos beneficios e iniciativas sociales entre sus empleados", concluyó el comunicado de la compañía.