BOGOTÁ, 11 May. (Colprensa/Notimérica) -
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras su visita del pasado lunes al departamento de Chocó en Colombia, ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, crear una nueva Brigada contra la minería ilegal específicamente en esa zona del noroeste del país.
Las autoridades colombianas han comunicado que este negocio se encuentra en un constante crecimiento y que solo en la explotación de oro se mueve alrededor de 45.000 millones de pesos mensuales (unos 151.535 dólares) mientras que en uranio la fuerza pública ha incautado retroexcavadoras, bienes y dinero por valor de 11.500 millones de pesos (alrededor de 3.872 dólares).
Según explicó el Presidente, su visita lo dejó sorprendido por la gran contaminación que se está produciendo al medio ambiente, visible desde el aire, producto de la minería entre los municipios de Quibdó y el Medio San Juan.
"Tengo que reconocer que quedé muy, muy mal impresionado. Quedé adolorido, casi que con rabia, al ver la cantidad de bosque tropical que ha sido destruido por esta minería criminal", dijo Santos.
En 2015, La Fiscalía General de la Nación abrió más de 6.500 investigaciones sobre minería ilegal. De estos procesos, 512 son por extracción ilícita de oro, 124 por carbón, 200 por canteras, 13 por coltán, uno por mercurio, otro por uranio y 123 por otros recursos.
De acuerdo con el jefe de Estado, no se puede permitir que se destruyan los bosques y por eso ordenó la creación de esta nueva Brigada para así, reforzar la acción contra esta actividad ilegal que deja en lo que va de año 328 operaciones.
Sin embargo, este anuncio sorprende debido a que el pasado mes de octubre empezó a trabajar la brigada contra la minería ilegal, organizada por los ministerios de Defensa, Minas y Ambiente, con el fin de enfrentarse directamente con este problema con la puesta en marcha de con 500 policías, apoyo de Carabineros de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
La Brigada está al mando del coronel Federico Mejía Torres, quien asumió el reto asegurando que el trabajo interinstitucional permite no solo llegar a las mismas y capturar personas, sino hacer un plan de ruta para reforestar las zonas. No obstante, sin mayores consecuencias sobre el trabajo de esta Brigada, el presidente solicitó una nueva solamente para el Chocó.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO HABÍA ALERTADO DE LA CRISIS
A partir del 2014, el Defensor del Pueblo fue quien dio la voz de alarma sobre las condiciones humanitarias que se estaban produciendo en el Chocó debido a la minería ilegal, así como por los enfrentamientos entre el ELN y la bacrim del Clan Úsuga o las Autodefensas Gaitanistas en la cuenca del Alto Baudó.
Según la entidad, el uso del mercurio preocupa a la población ya que este metal líquido contamina las diferentes fuentes de agua y afecta a la salud de los habitantes, llegando a afectar a ocho ríos: Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua.
De acuerdo con la comunidad, esta problemática provocada por la minería ilegal por el uso de materiales tóxicos también se habría generado por mecanismos de extracción de origen legal. Afectando al agua que se consume por la población llegando a provocar la muerte de 27 menores indígenas.
La denuncia presentada por el Centro de Estudios para la Justicia Social 'Tierra Digna', en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato y el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó, se encuentran actualmente en manos de la Corte Constitucional que estudia el caso.
La extracción minera y la explotación forestal está afectando de igual manera a la supervivencia de los peces y al desarrollo de la agricultura en la región. Por este caso, la Corte hizo una inspección judicial a comienzos de año, aunque el caso todavía está en manos del magistrado Jorge Iván Palacio.