Publicado 02/07/2019 10:52

Save the Children denuncia el impacto que la violencia tiene en los niños de Centroamérica

Menores afectados por la violencia en Guatemala
Menores afectados por la violencia en Guatemala - PEDRO ARMESTRE/SAVE THE CHILDREN - Archivo

   Los menores se exponen a ser reclutados, a abandonar sus estudios o a tener que dejar su hogar y hasta su país para escapar

   MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   "Todos en la colonia sabemos que cuando ves algo que no deberías te pones en peligro. No hablan contigo, no te preguntan, simplemente te matan, esa es la mejor forma de callarte", cuenta a Save the Children un niño de 14 años de Guatemala, que vive con el temor constante a que los miembros de la mara acudan por la noche a su casa a por él.

   Su situación la comparten millones de niños en el conocido como Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala, El Salvador y Honduras son tres de los países con mayores índices de homicidios a nivel mundial, motivados en buena medida por la presencia omnipresente de las maras o pandillas.

   Los bajos niveles de desarrollo, la falta de oportunidades y la escasa presencia institucional en estos países han contribuido a la aparición y la expansión de grupos violentos, según Save the Children, que en su informe 'En el fuego cruzado' trata de llamar la atención sobre las múltiples consecuencias que la violencia tiene en los menores.

   Además de ser víctimas directas de asesinatos, en particular los adolescentes de entre 12 y 18 años, la violencia estructural que experimentan estos tres países tiene un gran impacto en su derecho a la educación.

   "El miedo a que los niños sean reclutados como miembros de maras o pandillas, tanto de camino a la escuela como dentro de las instituciones educativas, o que las niñas puedan ser objeto de acoso o violencia sexual, hace que muchas familias opten por dejar de mandarlos a la escuela, como mecanismo de protección", denuncia Save the Children.

   Las pandillas están también en los centros escolares, incluso con homicidios de estudiantes o docentes. Estos últimos son asesinados en ocasiones por negarse a pagar una extorsión o a acatar las órdenes de una pandilla, en ocasiones delante de sus propios alumnos.

   En otros casos, se restringe o impide la asistencia a los centros escolares a estudiantes y docentes que proceden de territorios controlados por grupos contrarios, explica la ONG. La presencia en los centros de estudiantes vinculados a las pandillas provoca un aumento de las extorsiones, venta de drogas, reclutamiento y control sobre las decisiones educativas de los centros, llegándose en casos extremos al cierre de los centros educativos.

ENFOQUE REPRESIVO FRENTE A LA VIOLENCIA

   Segun resalta Save the Children, las autoridades de los tres países centroamericanos frente a las maras y la violencia en torno a las escuelas han optado por "un enfoque represivo, con la militarización de numerosos centros educativos que han pasado a convivir con la presencia de policías y militares".

   Esta respuesta, advierte la organización, "puede aumentar el riesgo de la comunidad educativa y muchos niños y adolescentes se sienten atemorizados, tanto por la violencia criminal como por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, que en muchos casos no adoptan las medidas de protección a la infancia adecuadas ni cumplen con las disposiciones legales en materia de Derechos Humanos".

   En este contexto, lamenta la ONG, "la escuela deja de ser un lugar de protección, estímulo y desarrollo para convertirse en un lugar de riesgo y grave inseguridad" para los menores, por lo que algunos "optan por alejarse como medida temporal o definitiva".

   Cambiar de centro suele ser la primera opción que barajan tanto familias como docentes amenazados, si bien no siempre es un proceso fácil, principalmente por trabas burocráticas. En otros casos, se opta directamente por abandonar los estudios, tanto de forma temporal como definitiva. En los tres países, se constata un abandono escolar al alza.

   Esto, añade la ONG, "limita y pone en riesgo las oportunidades de desarrollo e inclusión social y laboral de miles de jóvenes en la región, contribuyendo al aumento de los flujos migratorios irregulares en busca de oportunidades en otros países".

RIESGO DE RECLUTAMIENTO

   Otro de los graves peligros a los que se enfrentan los menores es el de ser reclutados. En general, el reclutamiento suele producirse a partir de los 11 años, pero algunos grupos usan a niños más pequeños, incluso de 5 o 6 años, que ejercen de "espías" y alertan de lo que pasa.

   En lo que se refiere a niñas y adolescentes, según el informe, "muchas son forzadas a mantener relaciones con integrantes y cabecillas de maras y pandillas, son abusadas sexualmente y explotadas con fines sexuales".

   Sin embargo, subraya Save the Children, en los últimos años su papel está cambiando, y empiezan a "asumir roles más activos" en las organizaciones, realizando, por ejemplo, actividades vinculadas al cobro de extorsiones. También son usadas para traficar drogas, como "mulas", quedando expuestas a los narcotraficantes, lo que en muchos casos ha supuesto que hayan puesto en riesgo sus vidas o que tengan que enfrentar condenas penales por delitos de narcotráfico.

   Para evitar esta situación, algunas familias optan directamente por recluir a sus hijos en casa, explica el informe. "Tratan de tener encerrados a los niños para que no sean reclutados y no sean soldados de las maras", cuenta una educadora de la ONG que trabaja en Honduras.

IMPACTO PSICOLÓGICO

   Al margen de las heridas físicas, la violencia que les rodea deja en los menores centroamericanos "unas consecuencias psicosociales a largo plazo que, si no se abordan adecuadamente, pueden ser irreversibles y acabar perpetuando el círculo de la violencia", alerta Save the Children.

   "Haber sufrido violencia directa o haber sido testigos de la violencia perpetrada a familiares, amigos o conocidos hace que los niños y las niñas convivan con un temor y angustia constantes, que no les permite un correcto desarrollo personal", denuncia el informe, que incide en que "tristeza, sensación de soledad y abandono, desesperanza e insomnio son algunas de las manifestaciones de esta angustia". "No puedo dormir, siento bastante miedo", cuenta a la ONG Melisa, de 17 años y que vive en El Salvador.

   También se han constatado sentimientos de rabia, dolor, vergüenza y humillación, que en la mayoría de los casos se acallan a través del silencio y la introversión, y en las escuelas los menores se muestran inquietos y nerviosos, con conductas violentas, lo que afecta el desarrollo de las clases y su aprendizaje. La falta de perspectivas hace que otros pierdan el interés por aprender.

   "Como consecuencia de ello, las conductas antisociales y los intentos de suicidio se hacen cada vez más frecuentes, especialmente entre las niñas y las adolescentes", resalta Save the Children, que resalta la importancia de capacitar al personal docente en la detección temprana de estos casos.

FORZADOS A DEJAR SUS CASAS

   El desplazamiento es otra de las grandes consecuencias de la violencia. Muchas familias optan por cambiar de barrio o ciudad huyendo de la violencia y de las amenazas. Sin embargo, "maras y pandillas tienen la capacidad de perseguir a sus víctimas dentro de los países en los que operan, por lo que en muchas ocasiones el desplazamiento interno no es suficiente", subraya Save the Children.

   Además, la falta de protección a las personas desplazadas por parte de las autoridades de los tres países hace que en muchos casos las familias, o incluso menores no acompañados, se vean obligados a "emprender el viaje en busca de protección fuera de las fronteras nacionales", precisa el informe.

   Pero muchos de estos viajes culminan con el "fracaso" de la deportación desde Estados Unidos y México. Los menores deportados están en una situación de extrema vulnerabilidad, lo que hace más probable que vuelvan a ser reclutados y perseguidos por las pandillas, volviendo a sufrir las consecuencias de las que intentaron huir, y en muchos casos se ven estigmatizados, ya que se tiende a creer que su deportación estuvo motivada por algún delito.