Publicado 12/10/2015 18:01

Seguridad y contrabando, dos temas pendientes en la frontera colombo-venezolana


BOGOTÁ, 12 Oct. (Colprensa/Notimérica) -

Mientras que los gobiernos de Colombia y Venezuela intentan afianzar los siete puntos del acuerdo que firmaron en Quito, en la frontera se siguen presentando detenciones, pérdidas económicas y dificultades con los deportados. La única certeza que comparten ambos gobiernos es que el 15 de octubre van a presentar el nuevo Centro Binacional de Lucha Contra el Crimen Organizado Trasnacional (Cebcot).

El tema de las bandas criminales en la frontera es el que más ha preocupado al gobierno de Nicolás Maduro. Una muestra de ello es la solicitud de extradición de Wilquin Alexander Roa, alias "Cara de Niña", supuesto líder de los Urabeños en la frontera colombo-venezolana. La Fiscalía General de Venezuela lo requiere por ser el responsable, supuestamente, del asesinato de 13 personas. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en mayo pasado en fosas comunes ubicadas en la frontera.

Roa se entregó a la Fiscalía el pasado 28 de agosto, justo cuando el gobierno de Maduro desplegaba una operación de seguridad en la frontera. De acuerdo con investigaciones realizadas por la ONG Fundación Progresar de Norte de Santander, la Guardia Venezolana le prestaba servicios de seguridad a Roa.

Otro frente que está atacando el gobierno venezolano es el del contrabando. Según Luisa Ortega, fiscal General de Venezuela, en lo que va del año 2015, han sido detenidas 5.395 personas por contrabando y "bachequeo", es decir, reventa de productos básicos de Venezuela en Colombia. Del total de personas capturadas, 1.974 están privadas de la libertad y 3.079 tienen medidas cautelares.

El problema del "bachequeo" se le sigue saliendo de las manos a Venezuela. Durante la semana pasada las autoridades colombianas confirmaron que los niños que estudian en Cúcuta y viven en Venezuela están ingresando productos entre sus mochilas escolares.

El secretario de Educación de Cúcuta, Jesús Sepúlveda, reunió a los rectores de la región. "Llamamos a los rectores para que ellos lleven el mensaje de que eso no ocurra otra vez porque hiere la susceptibilidad de la autoridad venezolana y puede comprometer la educación de los niños", le dijo a 'La Opinión'.

Además de los problemas en materia de seguridad, los gobiernos continúan sin definir medidas económicas en la frontera. Según Juan Carlos Rodríguez Hernández, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, los camioneros del país están perdiendo 750 millones de pesos cada semana por el cierre de la frontera. Los principales afectados, sin embargo, siguen siendo los deportadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente, 250 familias pasan sus días en el único albergue que aún funciona en Cúcuta.