MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de la provincia cubana de Artemisa, en el este de la isla, ha condenado a penas de entre ocho años de cárcel y cadena perpetua a cuatro personas acusadas del asesinato de otras cuatro personas en el marco de un plan falso para abandonar de manera ilegal el país con destino a Estados Unidos, según ha informado el diario oficial 'Granma'.
En total, había siete personas imputadas en este caso que, según la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa, "decidieron concebir y ejecutar un plan, en el que simulaban la organización de una salida ilegal del territorio nacional hacia Estados Unidos por vía marítima, con el propósito de apropiarse del dinero que los interesados en abandonar el país les pagarían" por el viaje.
Los acusados "lograron enrolar a once personas, mediante el engaño de emigrar de forma segura, y se cercioraron de que el día previsto para la salida llevaran consigo la cifra acordada". El 7 de junio, durante el traslado de los potenciales inmigrantes a un refugio seguro, actuaron "por sorpresa y aprovechándose de su superioridad numérica", agredieron de forma premeditada a cinco de ellos, matando a cuatro.
Además, durante el juicio, el tribunal logró constatar que cuatro de los imputados ya habían actuado de manera similar dos años antes y "con similar modus operandi lograron adueñarse violentamente del dinero de otra persona bajo la falsa creencia de una salida ilegal del país".
Así las cosas, el tribunal ha decidido condenar a "privación perpetua de libertad" a Jorge Luis Salazar, a quien se acusa de "asesinato en grado de tentativa, robo con violencia o intimidación y falsificación de carné de identidad".
Por su parte, Reinier Armas ha sido condenado igualmente a cadena perpetua, en su caso también por el delito de asesinato. En el caso de estos dos condenados, el tribunal les ha considerado responsables civiles de los hechos, por lo que deberán indemnizar a los familiares de las víctimas, según 'Granma'.
En cuanto al resto de acusados, han recibido penas que van desde los 8 años de cárcel, en el caso de dos de ellos, pasando por los 10, los 22 y los 25 años, en función de los delitos de los que se les acusa. Todos ellos, al igual que el fiscal, podrán recurrir el veredicto ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.