BUENOS AIRES, 21 May. (Notimex/Notimérica) - Líderes sindicales argentinos promueven la primera huelga general en contra del presidente, Mauricio Macri, quien vetó este viernes una Ley Antidespidos aprobada en el Congreso un día antes.
Las centrales gremiales realizaron una marcha masiva el pasado 29 de abril para protestar por los despidos masivos en los sectores públicos y privados, que han afectado al menos a 150.000 trabajadores desde que Macri asumió el pasado 10 de diciembre su cargo.
La movilización unió en las calles, por primera vez en 15 años, a las organizaciones sindicales más importantes del país, que componen las diversas fracciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Pablo Michelli, dirigente de una de las fracciones de la CTA, advirtió que la única respuesta posible al veto presidencial es un paro general, pero admitió que la medida debe ser consensuada con el resto de las organizaciones.
"El veto es legal, pero no legítimo; los trabajadores quieren y necesitan esa ley para garantizar sus fuentes de empleo, por eso la respuesta debe ser inmediata", dijo.
En ese sentido, se pronunció Hugo Yasky, líder del otro sector de la CTA, quien aseguró que "no hay ninguna duda" de que habrá una huelga general en respuesta a la "arrogancia" del presidente.
Sin embargo, todavía falta la definición de Hugo Moyano y Antonio Caló, dirigentes de otros sectores de la CGT que no habían descartado un paro nacional, pero que han mantenido silencio después de que Macri vetara la ley.
La oposición en la Cámara de Diputados, encabezada por el kirchnerismo, aprobó el proyecto que prohíbe los despidos durante 180 días, y que obliga a las empresas a entregar una doble indemnización en caso de que eche a algún trabajador.
Aunque Macri se comprometió a gobernar con base en consensos y a respetar la división de poderes, advirtió que vetaría esta norma aun antes de que fuera discutida por los diputados, y culpó a la expresidenta Cristina Fernández de apoyar la ley. Según el mandatario, la norma desalienta las inversiones.
El presidente vetó la ley apenas un día después de que fuera aprobada, y ahora está sumido en una estrategia de control de daños para evitar que las repercusiones de su decisión debiliten al gobierno.