BOGOTÁ, 23 Nov. (Notimérica) -
Mientras que la ONG Human Rights Watch (HRW) pedía al Gobierno colombiano que se asegurara que los generales y coroneles contra "quienes haya evidencias creíbles de que han participado en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos" no fueran ascendidos, el Senado ha aprobado el ascenso de 39 oficiales de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, entre los que se encuentran cinco vinculados con presuntos casos de 'falsos positivos'.
Pero, ¿en qué consiste exactamente el escándalo de los 'falsos positivos'? Para entenderlo hay que remontarse años atrás, concretamente a 2002, en el marco del conflicto armado colombiano que comenzó en la década de 1960.
Durante décadas, el Gobierno se ha enfrentado a diferentes fuerzas guerrilleras --tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN)-- en un conflicto que ha dejado más de 222.000 muertos y millones de desplazados.
A partir de 2002 y durante seis años --hasta 2008-- miembros de brigadas del Ejército ejecutaron de forma habitual a civiles a lo largo del país.
En este contexto, soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que mostraran resultados "positivos" e incrementaran el número de bajas en combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar de que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.
De acuerdo a HRW, hay más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales contra civiles cometidas por militares durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
El número de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009. A pesar de que el gobierno no tenga estadísticas de "falsos positivos", a mayo de 2015, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación investigaba más de 3.700 casos de ejecuciones ilegales, supuestamente perpetradas por agentes del Estado entre 2002 y 2008, obteniendo condenas en más de 800 de estos casos.