A riot policeman looks on during clashes with university students protesting ove
REUTERS / OSWALDO RIVAS
   

   MANAGUA, 23 Abr. (Notimérica) -

   Hace más de diez días los nicaragüenses decidieron salir a las calles. Desde ese momento, casi todo el país se ha convertido en un campo de batalla que, hasta el momento, ha dejado oficialmente más de diez personas muertas, aunque organismos de derechos humanos cifran las defunciones en al menos 24 fallecidos.

   Los disturbios y enfrentamientos representan una de las crisis políticas y sociales más fuertes de la última década en la nación centroamericana -- la cual ha cerrado los centros educativos públicos y suspendido las clases-- ha dejado impactantes imágenes que circulan por Internet y las redes sociales y una represión por parte de las autoridades nicaragüenses escandalosa.

   Ante la situación, organismos nacionales e internacionales han instado al presidente Daniel Ortega a tomar medidas, así como han criticado duramente las actuaciones policiales y de las Fuerzas Armadas a la hora de reprimir las protestas. El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado, asimismo, lo preocupante de que "varios canales de televisión que estaban cubriendo las protestas hayan sido cerrados por el Gobierno".

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   De hecho, una de las últimas víctimas mortales del conflicto ha sido el periodista Ángel Gahona, quien estaba grabando y retransmitiendo a través de su página de Facebook --mediante un Facebook Live-- las manifestaciones en Bluefields cuando fue disparado y murió en plena grabación. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha iniciado las protestas?

   La problemática está basada en un paquete de reformas que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunció hace más de una semana y posteriormente aprobó el presidente Ortega a través de un decreto presidencial y de manera unilateral. Estas medidas dieron lugar a una ola de manifestaciones masivas en todo el país que han obligado al mandatario nicaragüense a cancelar los planes.

   A través de la televisión nacional, Ortega informó a la población que la junta que integra el Sistema de Seguridad Social del país había vuelto a votar a favor de revocar el paquete de medidas. "Esta resolución que estoy dando en estos momentos, que acaba de aprobar el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando, o sea cancelando, poniendo a un lado, la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación de protesta", indicó Ortega.

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   Las protestas y manifestaciones se iniciaron poco después del anuncio del Ejecutivo sobre la aplicación, a partir del día 1 de julio, de dichas medidas. Estas están integradas, principalmente, por un incremento en los impuestos al INSS por parte de los trabajadores que asciende hasta el 7 por ciento (del 6,25 por ciento), de la misma manera que empleados y empleadores pasarán a pagar el 21 por ciento (del 19 por ciento) con un aumento progresivo hasta el 22,5 por ciento hasta 2020.

   Sin embargo, el principal foco de protestas está en la reforma que afecta a las jubilaciones: según las nuevas medidas, los jubilados tendría que pagar un 5 por ciento de su pensión en concepto de cobertura de enfermedades. Este hecho ha sacado a cientos de ciudadanos a las calles que consideran "un robo" las nuevas medidas, más teniendo en cuenta la situación económica general del país.

   Y es que, de aplicarse dichas medidas, se prevé que se incrementen los despidos y aumente el desempleo y, por ende, el empleo informal y la economía sumergida. Todo ello afecta a la desigualdad --muy presente en Nicaragua-- del mismo modo que la precariedad. Por su parte, la gran cantidad de jubilados del país centroamericano supondrá un problema social importante de quedar estos desprovistos económicamente.

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   La situación de falta de liquidez en la que se encuentra el INSS ha llevado a que el Gobierno de Daniel Ortega planteara como solución dicho paquete de medidas, aunque tal y como indican algunos expertos en 'BBC Mundo', no está del todo claro la constitucionalidad de las medidas, pues la Carta Magna del país establece que corresponde al Congreso de la nación el crear, modificar o suprimir tributos.

   "El establecimiento del aporte del 5 por ciento sobre las pensiones constituye la creación de un nuevo tributo bajo la categoría de contribución especial. Y esto solamente lo puede hacer la Asamblea Nacional", explicó el especialista tributario Julio Francisco Báez Cortés al diario 'La Prensa de Nicaragua'.

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