Actualizado 30/08/2015 20:14

La supervivencia de inmigrantes en Arizona cinco años después de la "Ley del odio"

   MÉXICO DF, 30 Ago. (Notimex/Notimérica) -

   Arizona es uno de los mayores laboratorios de Estados Unidos en materia de inmigración. No solamente está basada en la Ley SB1070, que actualmente cumple con cinco años en vigencia, sino que también cuenta con el mayor regimiento de patrullas fronterizas, formada por más de 5.000 elementos en Tucson (Arizona).

   Arizona tiene una de las rutas más mortales para los inmigrantes. Arraigada a una antigua tradición anti-inmigrante y sobre todo, antimexicana, la exgobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer aprobó la ley SB1070 --conocida popularmente como la Ley del odio--, una invitación a la persecución, acoso y descriminación de todos aquellos que parezcan mexicanos, independientemente de que sean o no indocumentados.

   Recorrer las calles, los parques, los centros comerciales, los supermercados, incluso los de comida mexicana de Phoenix y Tucson para tratar de hablar con los paisanos sobre su experiencia ante estas políticas anti-inmigrantes, es prácticamente imposible. Simplemente eluden cualquier pregunta. Hay un evidente temor a demostrar su origen, el idioma, la nacionalidad.

   De acuerdo con el consulado de México en Phoenix, en Arizona viven entre 350 y 400.000 mexicanos sin documentación. Originarios principalmente de Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, trabajan en el área de servicios como jardineros, en hoteles, casinos, comercios o bien como mecánicos.

   La abogada y activista Isabel García aseguró que la Ley SB1070 "ha sido un asalto completo a nuestra comunidad", ya que no sólo separó familias, deportó mexicanos o provocó muertes por la separación y su intento de regresar a Estados Unidos, sino que los llevó ante cortes federales acusados de delincuentes sólo por cruzar la frontera, "hemos visto el trauma de la familias, de los niños".

   "Hemos sufrido en nuestra cultura. Antes teníamos fiestas masivas del 15 y 16 de septiembre, era algo natural; después de la SB1070 todo eso acaba, la gente no podía salir a los parques, a comer. Tenemos una población que no se quiere mover", expuso. "Aunque no vivimos bajo (el poder del alguacil del condado de Maricopa) Joe Arpaio, nosotros vivimos aquí bajo la Migra, vivimos bajo la sede de la Migra más grande. Tenemos más de cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza", añadió.

   En su oficina en Tucson, la activista estadounidense de origen mexicano comentó que bajo la llamada "sospecha o duda razonada", ha sido usada por policías federales, estatales y locales para detener por el color de la piel a mexicanos o por su apariencia, los uniformados de inmediato llaman a la Patrulla Fronteriza para su detención, enjuiciamiento como delincuentes o deportación.

   Fernando, originario de Oaxaca y quien vive desde hace cinco años en Arizona y trabaja en un restaurante de comida rápida, reconoce que a raíz de esta ley "compañeros que vine con ellos a Estados Unidos, ya están allá -en México-. Muchos se fueron para California", también muchas familias se han separado.

   El cónsul de México en Phoenix, Roberto Rodríguez Hernández, reconoció que lo que ocurrió con la SB1070 en Arizona contra los mexicanos "fue una especie de terrorismo social". La gente empezó a dejar de salir a la calle, de dejar de llevar a los niños a las escuelas; después empezaron a llevar una vida normal, pero siempre con el temor de ser detenidos por las redadas que se llevaron a cabo.

   Reconoció que el activismo de organizaciones civiles contrarrestaron el clima anti-inmigrante y las demandas contra el alguacil Joe Arpaio, que se ganaron, permitieron terminar con las redadas de inmigrantes mexicanos y de otras naciones de Centroamérica.

   "El clima anti-inmigrante, si bien no desaparecido, gradualmente ha decrecido. Hay nuevos actores políticos que se han expresado de manera moderada", como es el caso del nuevo gobernador de Arizona, Doug Ducey, que tiene una visión menos radical y busca dar otras vías a esta relación.

   "El hecho de que se reconozca que el intercambio económico entre México y Arizona es fundamental, que sea de casi 14.000 millones de dólares anualmente y el 60 por ciento es con Sonora y con estados fronterizos", nos da esperanzas en un cambio en estas políticas y leyes contra los INmigrantes, añadió el diplomático.

   Interrogado sobre el número de mexicanos que fueron deportados o huyeron del estado por las redadas y la aplicación de la SB1070, Rodríguez Hernández argumentó: "Más que deportados hubo un pequeño éxodo por el temor de ser detenidos, de ser deportados, pero muchos de ellos siguieron trabajando".

   "Es difícil dar cifras del éxodo, pero algunos miembros de muchas familias buscaron en otros estados una vida más tranquila", concluyó el cónsul en Phoenix.

   La Ley SB1070 considera como un delito menor estatal que un extranjero resida en Arizona sin llevar consigo los documentos de registro exigidos por la ley federal. Además, dicha ley aumenta la aplicación estatal y local de las leyes federales de inmigración y toma medidas duras contra aquellos que alojan, dan trabajo y transportan a los extranjeros ilegales.