MÉXICO DF, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de México ha accedido a reabrir el caso de Mariana Lima, para determinar si se trató de un suicidio, tal y como sostienen los fallos anteriores, o de un crimen machista, siendo la primera vez que el alto tribunal accede a investigar un feminicidio.
Lima murió de forma violenta en 2010, cuando tenía 29 años. Su madre, Irinea Buendía, asegura que fue asesinada por su marido y que las autoridades políticas y judiciales del Estado de México se han empeñado en encubrirlo.
El marido de Lima, que es el jefe de la unidad de investigación criminal de la Policía del municipio de Chimalhuacán, defiende su inocencia, asegurando que cuando llegó a la casa que compartían encontró el cuerpo sin vida de su mujer.
Después de cinco años de proceso judicial, Buendía ha conseguido que la Sala Primera del SCJ la conceda "un amparo para que el Ministerio Público complete la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial y con perspectiva de género".
El objetivo de esta revisión es "remover todos los obstáculos de la averiguación previa" e investigar "las irregularidades que se hayan cometido por los funcionarios públicos, así como sancionar a los responsables de las mismas".
"Estoy muy feliz. Sé que vamos a comenzar de cero, pero mi hija fue asesinada por su esposo y fue encubierto por ser un servidor público", ha dicho Buendía, en sus primeras declaraciones tras conocer la noticia, recogidas por la agencia de noticias Reuters.
PRECEDENTE JUDICIAL
El fallo de la SCJ supone un hito judicial porque, por primera vez, establece "la obligación de investigar --con perspectiva de género y sin discriminación-- toda muerte violenta de una mujer, para determinar si se trata o no de un feminicidio".
"Se deben realizar las investigaciones con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de este tipo en la causa de la muerte (...) Se deben explorar todas las líneas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido", señala.
Además, subraya que "en los casos de muertes de mujeres se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia".
El alto tribunal ha advertido de que "la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia".