Actualizado 19/05/2015 13:52

'Tía María': Antimineros continuarán el paro hasta que el proyecto se detenga

ANTIMINEROS
Foto: YOUTUBE

LIMA, 19 May. (Notimérica) -

   La minería en Perú está viviendo una semana negra, después de que este lunes el mayor gremio de trabajadores mineros de Perú iniciase una huelga nacional indefinida, lo que se suma a los agricultores opositores al proyecto minero 'Tía María' que mantendrán el paro hasta la suspensión del proyecto.

   En la última asamblea desarrollada en la plaza San Francisco de Cocachacra, en la provincia peruana de Islay, los agricultores han decidido no dar tregua y continuar con el paro indefinido en el valle de Tambo, que cumple este martes 58 días, según ha publicado el diario peruano 'Perú21'.

   Los antimineros han decidido mantener el paro a pesar de que la compañía Southern Peru decidió hacer una pausa de 60 días en el proyecto 'Tía María'. El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, ha explicado que la única medida para que se levante la paralización es que la empresa anuncie la cancelación de 'Tía María'.

   "En esos 60 días de pausa que anunció Southern esperamos que los dueños de la empresa recapaciten y decidan cancelar el proyecto. Mientras tanto, la gente decidió seguir en su medida de lucha", ha añadido Cornejo.

   Además, ha precisado que la condición que han puesto para que se reanuden los trabajos en los campos de arroz es que los dueños de los cultivos entreguen 50 céntimos por cada saco que cosechen, para solventar las protestas. Cornejo ha aclarado que el dinero será transferido al comité encargado de la logística del paro.

INVESTIGAN A LOS ANTIMINEROS RADICALES

   El ministro de Justicia peruano, Gustavo Adrianzén, ha manifestado este lunes que ya hay 38 denuncias interpuestas ante el Ministerio Público contra los denominados 'espartambos', radicales que se oponen al proyecto 'Tía María' y que han sostenido violentos enfrentamientos con la Policía en la zona de conflicto.

   "Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para capturarlos", ha añadido Adrianzén. Ha aclarado que están realizando las investigaciones del caso para determinar de dónde proviene el financiamiento de las actividades de protesta que se llevan a cabo en las zonas de Islay y valle del Tambo, que el Gobierno apunta que tendría su origen en el lavado de activos.

   Por otro lado, el ministro ha informado de que han recibido un acta suscrita por 50 ciudadanos que, junto a sus familias, "han sido desplazados a la fuerza por los criminales" que llevan a cabo las protestas por estar en desacuerdo con su proceder.