ASUNCIÓN, 22 Oct. (Notimérica) -
El Tribunal de Sentencia del caso Curuaguaty, una masacre en que 17 personas perdieron la vida en juio del año 2012 en Paraguay, ha decidido enviar a la Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes de actuaciones de los abogados Amalio Sisco, Pablo Aguayo, Víctor Azuaga y Albino Martínez, defensores de la mayoría de los acusados en el caso.
Dichos letrados están cuestionados por el fiscal Jalil Rachid, por dilatar de manera manifiesta el desarrollo normal del juicio oral, cuya prosecución está prevista el día 28 de octubre.
El juicio oral del caso Curuguaty prosiguió este jueves en el Palacio de Justicia de Asunción. Un total de 14 personas están acusadas por la muerte, el 15 de junio de 2012, de 17 personas --11 campesinos y seis policías--, en una operación de desalojo de una ocupación de las tierras llamadas Marina Kue, cuya propiedad reclamaba un grupo empresario local.
En la sesión de este jueves, el Tribunal rechazó todas las peticiones hechas por las defensas, como el pedido de libertad ambulatoria para los campesinos y campesinas y otros recursos de la defensa, al considerarlos improcedentes, tal como lo indicó el Ministerio Público.
El tribunal también dio lugar al reclamo de los abogados defensores de solicitar vía exhorto a las autoridades de España la realización de una pericia de medición de cadena de disparos, pedido al que se opuso el representante del Ministerio Público.
Los abogados solicitaron además una indemnización, tanto para ellos, como para los procesados, que finalmente no prosperó.
De acuerdo a la carpeta fiscal, Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo y Dolores López Peralta están acusados por los hechos punibles de tentativa de homicidio doloso, invasión de inmuebles ajenos y asociación criminal.
A su vez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería, lo están por asociación criminal e invasión de inmuebles, mientras que Felipe Neri Urbina está procesado por frustración a la persecución penal. Además, figura entre los acusados un adolescente menor de 17 años de edad, quien fue el primer condenado del caso en 2013.
MASACRE.
El caso investiga los enfrentamientos entre la Policía y campesinos en Curuguaty, en los que murieron 17 personas, incidentes que provocaron a la postre la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, tras un 'juicio político' en su contra. El entonces vicepresidente, Federico Franco, asumió el cargo de jefe de Estado.
La Fiscalía sostuvo que el incidente fue una emboscada de los 60 campesinos que habían tomado el campo en Curuguaty, si bien la investigación paralela de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay (PECP) sostiene que los mismos solo tenían un fusil cuando comenzó la actuación de la Policía.
El enfrentamiento fue una muestra de las tensiones existentes entre campesinos y grandes propietarios en Paraguay. El dos por ciento de éstos últimos controla alrededor del 85 por ciento de las tierras, situación denunciada por los campesinos.