BUENOS AIRES, 7 Ene. (Notimérica) -
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Buenos Aires ha avalado el dictamen que autoriza a la Policía Federal a pedir documentos a cualquier persona en espacios públicos con el fin de "prevenir delitos".
La nueva medida ha levantado cierta polémica en el país argentino, ya que podría suponer la detención de un ciudadano por el simple hecho de no llevar el DNI, aunque es un aspecto que aún no ha quedado del todo claro.
"Se presta a interpretar que quedaría detenida; pero Argentina ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estas prácticas, que cambiaron desde el caso Bulacio", explica el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para el diario 'Clarín'.
Además de algunos especialistas como Domínguez, distintos miembros del TSJ ya se han pronunciado de acuerdo al nuevo dictamen. Por ejemplo, la jueza del Tribunal, Inés Weinmberg, considera que "la solicitud de documentos en la vía pública (...) por parte de la Policía constituye una de las facultades implícitas".
En la misma línea se sitúa su compañero Luis Francisco Lozano, quien entiende que pedir el DNI está "implícitamente reconocido siempre que su ejercicio constituya una 'actividad de seguridad (de prevención del delito)'".
Sin embargo, algunos distan de la visión compartida por los miembros del TSJ. Para Gil Domínguez, se corre el riesgo de volver a una situación muy parecida a la de los edictos policiales, suprimidos en 1996, por los que la fuerza de seguridad federal podía actuar en determinadas circunstancias sin la intervención de un juez.
"Lo que está haciendo el fallo del Tribunal es ampliar sin fundamentos constitucionales las facultades de intromisión de la Policía en la privacidad", añade.
Por ello, la decisión del Tribunal es, para la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, "claramente un retroceso".