MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay (APODU), Amigos de la Tierra y la Red de Acción en Plaguicidas para América Latina (RAP-AL) se reunieron la semana pasada con la directora de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alicia Torres, para alertar sobre los impactos económicos, sociales y medioambientales que están causando los cultivos transgénicos en Uruguay.
En la reunión, las ONG solicitaron la creación de un Marco Nacional de Bioseguridad y constataron la necesidad de informar a las sociedad sobre estos cultivos, según recoge el boletín 'Ambiente y Sociedad'.
Las ONG también lamentaron la labor llevada a cabo por el Comité Nacional de Coordinación, creado con el objetivo de formular recomendaciones y sugerir medidas sobre los organismos genéticamente manipulados.
Aunque el Comité se ha reunido para tratar diversos asuntos como la revisión de las autorizaciones de cultivos de 'MON 810' y 'Bt11' de maíz y 'CP4' de soja o el cumplimiento estricto del artículo 1 del Decreto 249/2000 --que establece que "la introducción, uso y manipulación de vegetales y sus partes modificados genéticamente, cualquiera sea la forma o el régimen bajo el cual se realicen, sólo podrá efectuarse previa autorización otorgada por las autoridades competentes"--, finalmente no ha llevado a cabo medida alguna.
En este sentido, la RAP-Al recordó la pasividad de la Dinama ante la denuncia remitida sobre irregularidades en la venta de maíz dulce transgénico 'Bt11'.
Por todo ello, las ONG solicitaron a la directora de la Dinama "una pronta respuesta sobre esta situación", ya que las regulaciones siguen siendo las mismas y las compañías semilleras han aprovechado el vacío legal para seguir comercializando sus productos.
Finalmente, y debido a todos estos incumplimientos, las ONG denunciaron que Uruguay "está lejos de poder cumplir con un marco regulatorio en relación a los organismos genéticamente manipulados".