Actualizado 20/04/2007 05:59

Uruguay.- Organismos de DDHH se oponen a que el Gobierno de Uruguay indemnice a las víctimas de la dictadura de 1973-85


MONTEVIDEO, 20 Abr. (EP/AP) -

La decisión del Gobierno uruguayo de resarcir a familiares de víctimas de la sedición --policias, militares y civiles-- está encontrando una férrea oposición de organismos de derechos humanos y de víctimas de la dictadura militar entre 1973 y 1985, lo que supone un revés al presidente, Tabaré Vázquez, que aspira cerrar estos episodios del pasado.

También se contempla resarcir a los familiares de los 26 desaparecidos en Uruguay durante la dictadura militar.

El 26 de marzo, el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez remitió al Congreso el proyecto de ley por el cual se fija en 150.000 dólares el resarcimiento para esas víctimas directas e indirectas de la acción de los grupos subversivos, lo cual fue bien recibido por los militares y sectores políticos opositores.

Ese proyecto de ley se fundamentó en una propuesta del diputado del partido opositor Colorado, Daniel García Pintos, que manifestó su conformidad con la decisión del Gobierno de la coalición izquierdista del Frente Amplio, donde militan los sectores que, como los tupamaros, desde comienzos de los años 60 intentaron tomar el poder por la fuerza de las armas. Fueron detenidos por las fuerzas armadas y esa confrontación deribó en el golpe de Estado de 1973.

El presidente Vázquez con ese proyecto, así como haber fijado el 19 de junio como el día del 'Nunca Más' para estos enfrentamientos, parece que ahora deberá modificar su texto de resarcimiento para no ubicar en un mismo nivel víctimas de uno y otro lado.

Javier Miranda, de la organización de familiares de detenidos-desaparecidos, fue uno de los primeros en rechazarlo y afirmó que "los desaparecidos fueron víctimas del terrorismo de Estado y con la unificación en un mismo texto normativo de estas situaciones se avala la teoría de los dos demonios", aludiendo a los subversivos y los represores.

El proyecto de García Pintos prevé resarcir a los "familiares de aquellas personas civiles e integrantes de las fuerzas armadas y policiales que perdieron la vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado en la sedición".

El senador oficialista y constitucionalista, José Korseniak, informó de que está elaborando otro borrador para eliminar los puntos conflictivos, entre estos borrar la palabra "sedición" y en su lugar expresar "grupos políticos de acción directa o guerrilleros". Sin embargo, este borrador tampoco agradaría a la bancada oficialista.

Por su parre, el diputado Luis Rosadilla, que es tupamaro, consideró, en declarciones ante la prensa, que el proyecto del Gobierno "fue un paso atrás".