CARACAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Nacional de Venezuela declaró el 27 de febrero Día Nacional del Poder Popular y Contra la Violación de los Derechos Humanos para evitar que sean olvidados los hechos violentos ocurridos en el país en 1989, cuando los cuerpos de seguridad del entonces gobierno de Carlos Andrés Pérez sofocaron una revuelta popular, medida que causó más de 300 muertos.
En sesión especial, la presidenta del Parlamento, Cilia Flores, manifestó su apoyo a la propuesta realizada por el defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, para que se levante un monumento en honor y memoria de todos los caídos los días 27 y 28 de febrero de 1989, según informa la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Flores resaltó la importancia de las reclamaciones de Mundaraín en cuanto a la necesidad de establecer responsabilidades e identificar a los autores de esas muertes, así como de indemnizar a todas las familias víctimas de los sucesos violentos que aún no han recibido respuesta del Estado venezolano.
"Nuestro compromiso es que se establezcan todas las responsabilidades y que los que participaron como actores intelectuales y materiales de esta masacre que se cometió contra estos venezolanos y venezolanas paguen por esos delitos", resaltó.
Flores también recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben. "El prófugo (ex presidente) Carlos Andrés Pérez es el principal responsable de esta masacre, de eso no nos cabe la menor duda", afirmó.