5 de diciembre de 2006

Venezuela.- La Fiscalía estudia si los cuatro etarras tienen causas pendientes para su extradición

Instará la reapertura de tres causas atribuidas al ex miembro del "Comando Oker" Cubillas, que trabaja para Chávez

(AMPLIACIÓN)

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando si los cuatro etarras residentes en Venezuela Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana, a los que el Gobierno venezolano se ha comprometido a conceder la nacionalidad, tienen causas pendientes con la Justicia española.

En el caso de existir procedimientos abiertos contra ellos, y siempre que éstos no hayan prescrito, el Ministerio Público instará a los jueces correspondientes para que inicien los trámites de extradición de éstos presuntos terroristas España, informaron fuentes fiscales.

En el mismo caso se encuentra el presunto ex miembro del "comando Oker" Arturo Cubillas Fontán, quien ostenta un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura venezolano.

El pasado 24 de noviembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a los fiscales correspondientes que instarán la reapertura de tres procedimientos judiciales que Cubillas tiene pendientes la Audiencia Nacional para estudiar si ha transcurrido el plazo máximo de prescripción de los delitos que en ellos se le imputan.

DELITOS DE CUBILLAS

En una nota de servicio remitida a todos los fiscales de la Audiencia Nacional, Zaragoza se refería en concreto al procesamiento de Cubillas acordado en diciembre de 1985 por el Juzgado Central de Instrucción número 2, referido al asesinato de Joseph Couchot y a un delito de robo cometidos el 16 de noviembre de 1984. En el momento de este procesamiento, Cubillas se encontraba en paradero desconocido, por lo que la Fiscalía cree que pudiera haber transcurrido el plazo máximo de prescripción de estos hechos delictivos.

En el mismo caso se encuentra el sumario tramitado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 contra Cubillas y el resto de miembros del "comando Oker" (José Ángel Aguirre, Ramón Zapirain e Idoia López Riaño) por el asesinato de Ángel Facal Soto, cometido en febrero de 1985. Cuando el terrorista residente en Venezuela fue procesado por este hecho tampoco se conocía su paradero, por lo que también podría haberse extinguido su responsabilidad penal en este asunto.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el sumario en el que podría ser menos probable la extinción de la responsabilidad de Cubillas es una que tramita el Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es Fernando Andreu, por varios delitos cometidos en 1986.

Respecto de esta última causa, la Fiscalía emitió un informe el 20 de enero de 1992, siendo fiscal jefe Eduardo Fungairiño, en el que se solicitaba que se dejaran sin efecto las órdenes de detención contra Cubillas al no concurrir elementos incriminatorios suficientes p ara pedir su extradición. En este caso, el Ministerio Público volverá a estudiar los indicios con el fin de intentar reactivar de nuevo el caso, según las mismas fuentes.

Si de la investigación de todas estas causas se deduce que alguna de ellas sigue "viva", es decir, que no ha prescrito, se solicitará del órgano judicial competente que se remita a Fiscalía el procedimiento concreto, "con el fin de constatar la suficiencia o insuficiencia de los indicios existentes" contra el presunto terrorista y actuar, según el resultado obtenido, para conseguir su entrega a España.

Cubillas se encuentra en Venezuela desde que fue deportado desde Argelia en mayo de 1989, al romperse las negociaciones de Argel entre el Gobierno y ETA. Se da la circunstancia de que su esposa, Goizeder Odriozola, ha sido contratada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para trabajar en el Palacio de Miraflores como directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia de la República.

El 18 de julio de 2002 fue detenido en Venezuela, pero quedó en libertad a las pocas horas, porque entonces no figuraba en la lista de terroristas reclamados por la Audiencia Nacional.