CARACAS, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El satélite venezolano denominado Generalísimo Francisco de Miranda será controlado desde el país por 54 profesionales venezolanos, después de ser entrenados en China desde febrero de 2012, según ha informado este lunes el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández.
Fernández, quien ha dado éstas declaraciones desde la base aeroespacial Manuel Ríos (Bamari), ubicada en el estado Guárico, en el centro de Venezuela, ha indicado que desde enero pasado el satélite de percepción remota era controlado por expertos nacionales, pero en una ciudad china.
"Este proyecto, muy querido por el comandante (Hugo) Chávez, comenzó en 2003 y ha sido desarrollado de manera ininterrumpida de la mano de esa nación amiga, de ese pueblo amigo, que es el chino", ha recordado el ministro en el acto retransmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
El ministro Fernández ha destacado la importancia del transmisor para el desarrollo de políticas precisas que incidan en el progreso del país, pues permite obtener una mirada actualizada del territorio nacional.
INVENTARIO DE TERRITORIO NACIONAL
El Satélite fue puesto en órbita el 28 de septiembre de 2012, a fin de tener mapas completos del territorio nacional y acceso a información precisa en áreas estratégicas como seguridad y defensa, minería y petróleo, agricultura, alimentación, salud y ambiente.
Mediante su uso se mantiene una observación constante para la detección de recursos naturales, planificación de parques industriales, ampliación de urbanismos, zonas de humedales y prevención de desastres naturales.
El ministro Fernández ha resaltado que la mayoría de los expertos fueron formados en universidades venezolanas y tras ser seleccionados, viajaron a China a formarse en diversas especialidades.
El satélite ha realizado 4.350 órbitas al planeta, ha dado 900 vueltas al país y ha cumplido 731 misiones. Asimismo, ha capturado 19.493 imágenes con su cámara pancromática y 3.249 con la multiespectral. De ese total, 4.192 han sido entregadas a instituciones del Estado, empresas privadas y consejos comunales para su uso.