ONG denuncian que el Gobierno prepara una entrega de títulos de propiedad que apenas contemplan la casa y un pequeño huerto anexo
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pueblo indígena 'barí', que habita la zona occidental de Venezuela limítrofe con Colombia, continúa en conflicto para reivindicar tierras de su propiedad que el Estado quiere destinar a la explotación de carbón o mantener en manos de ganaderos.
La Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera norte entre los dos países y donde habitan desde siempre los 'barí', contiene depósitos de carbón, de los que se explotan 40 millones de toneladas anuales en las minas colombianas de Cerrejón y Las Lomas, y unos ocho millones de toneladas por año en la zona venezolana del río Guasare.
'Carbozulia', empresa del Estado venezolano, en asociación con la brasileña 'Vale do Rio Doce' y la estadounidense 'Peabody Energy', proyecta ahora ampliar la producción de la sierra en otros diez millones de toneladas anuales y construir dos puertos, uno en el Lago de Maracaibo y otro en el golfo de Venezuela, para la exportación del mineral.
El conjunto de obras se enmarca en el programa Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), impulsado por la naciente Comunidad Sudamericana de Naciones y defendido con vigor por el presidente venezolano Hugo Chávez.
Al proyecto carbonífero se oponen también las naciones indígenas de la frontera noroeste con Colombia, los 'wayúu', originarios de la península colombiana de la Guajira y la etnia más numerosa de Venezuela, con unos 300.000 individuos, además de las numéricamente menores, 'yucpa' y 'barí'.
En el caso de los 'barí', "el Gobierno prepara una entrega de títulos de propiedad de tierras sin derogar las concesiones carboníferas ni rescatar explotaciones ganaderas en los territorios autodemarcados por ese pueblo indígena", señaló a la Agencia IPS el líder ecologista Lusbi Portillo, coordinador de la ONG 'Homo et Natura'.
Pero Portillo, --que ha acompañado a los indígenas en varias marchas de protesta y reuniones con las autoridades--, explicó que técnicos del Ministerio de Medio Ambiente pretenden reconocer como tierras indígenas "apenas las viviendas más los huertos domésticos (conucos) que los rodean".
Por su parte, algunas fuentes del Ministerio señalaron a IPS que "la cosa no es como la pintan", pues "algunos indígenas sí están de acuerdo con la demarcación".
PUEBLO ANCESTRAL
El pueblo 'barí', de la familia lingüística chibcha, se movía en unos 1,6 millones de hectáreas en la Sierra de Perijá y en el área del río Catatumbo, entre 1.000 y 900 años atrás. Más tarde resistieron reciamente la colonización española, así como el avance de los ganaderos y mineros de Colombia y Venezuela durante los siglos XIX y XX.
En la actualidad son unas 4.000 personas en Venezuela y unos pocos centenares en Colombia. Del lado venezolano viven en la llamada 'Pica barí', el extremo más occidental de la geografía venezolana, extendiéndose sobre unas 800.000 hectáreas entre los ríos Santa Rosa y Río de Oro, de las cuales reivindican unas 250.000. Parte de ese territorio es Parque Nacional, otras zonas son explotaciones ganaderas y algunos terrenos baldíos propiedad del Estado.
"Los indígenas demandan que se les reconozca como su territorio aquel que ancestralmente han usado para la caza, pesca, recolección, agricultura y actividades rituales y de culto de su cosmovisión", explica Portillo.
De ser satisfecha esta solicitud, los 'barí' podrían volver a desplazarse libres de obstáculos. En la actualidad se ven obligados a desviarse para evitar las haciendas ganaderas, cuyos guardias privados y armados les impiden el paso y el ejercicio de algunas de sus actividades.
El coordinador de 'Homo et Natura' agregó que "es contradictorio que en un país que se dice en tiempos de revolución, de lucha contra el latifundio y construcción del socialismo, los 'barí', para poder ejercer una de las actividades que les asegura su supervivencia y los define como grupo étnico, necesiten el permiso de los guardianes privados para llegar a sus sitios de caza, la práctica de su religión o el pastoreo".
La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas del año 2001 obliga al Estado a consultar con las comunidades indígenas y a considerar los linderos que éstas señalen como delimitadores de su territorio.
Los indígenas insisten en su exigencia de que se reconozca como su territorio el autodemarcado, se rescindan las concesiones carboníferas --que alcanzarían 90.000 hectáreas de la totalidad de las que reivindican -- y que se compren las mejoras de los ganaderos sobre las haciendas que los 'barí' usan para prácticas de caza y actividades propias.
Estas peticiones son apoyadas por las ONG Asociación de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos, y la Sociedad de Amigos de la Gran Sabana.