CARACAS, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Luis Velázquez Alvaray, fue suspendido de sus funciones después de que el Consejo Moral Republicano aceptara la solicitud de falta interpuesta contra él por el ministro venezolano de Interior y Justicia, Jesse Chacón, por irregularidades administrativas en la adquisición de los terrenos para la edificación de la Ciudad Judicial Lebrún.
La sanción implica que el magistrado será suspendido en el cargo y quedará en manos de la Asamblea Nacional la posibilidad de destituirlo definitivamente. Además, la Fiscalía y la Contraloría deberán determinar si la actuación de Velásquez Alvaray implica la comisión de delitos, informó el diario venezolano 'El Nacional'.
Al anunciar la decisión, el contralor Clodosbaldo Russián leyó un informe donde se indica que la medida se tomó en base a los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. "Valoramos en profundidad todos los escritos de descargo que presentó el magistrado directamente y por intermedio de los abogados que lo representaron y acompañaron y de ese análisis llegamos a estas conclusiones que acabamos de expresar", manifestó.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, precisó que no se aceptaron presiones políticas de ninguna de las partes involucradas. "No hubo presiones de ninguna naturaleza ni a favor ni en contra de la decisión", aclaró, recordando incluso que en una oportunidad ordenó la subsanación de los alegatos del denunciante (ministro Jesse Chacón) antes de ser admitida.
Rodríguez señaló que se evaluaron dos elementos en la construcción de la llamada ciudad judicial: "el sobreprecio (del terreno) y la violación de la ley de licitaciones". El fiscal dijo que la adquisición se fijó en unos 50.000 millones de bolívares (18,1 millones de euros) y luego se redujo a 14.000 millones (unos 5 millones de euros), colocando la diferencia en bienes y servicios que no fueron sometidos a la ley de licitaciones.
A la espera de la decisión de la Asamblea Nacional, continuará la investigación ya sea con permiso del Tribunal Supremo de Justicia para su individualización --en el caso de que la Asamblea Nacional no admita la falta-- o como ciudadano "común" al ser destituido de su cargo. La investigación se ampliaría hacia las faltas en la cancelación de los impuestos correspondientes, según datos del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat).