Actualizado 26/10/2007 07:12

Venezuela.- La Asamblea Nacional de Venezuela concluye el tercer y último debate del proyecto de reforma constitucional

CARACAS, 26 Oct. (EP/AP) -

La Asamblea Nacional de Venezuela concluyó hoy el tercer y último debate del proyecto de reforma de la Constitución que permitiría al Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, durante los estados de excepción, detener a ciudadanos sin cargos y censurar a los medios de comunicación.

La Asamblea completó oficialmente esta madrigada (hora local) la reforma de la Carta Magna de 1999, tras aprobar 69 artículos en poco más de un mes, pese a que por ley tenían un plazo de dos años para hacerlo. La aprobación de nueve de las 11 disposiciones transitorias fue aplazada hasta el próximo martes. El proyecto final será entregado después a las autoridades electorales para que sea sometido a consulta popular el 2 de diciembre, en la que será aprobada o no mediante mayoría simple de votos.

Con la reforma, el mandatario podrá decretar los estados de excepción, sin límite de tiempo, suspender las garantías constitucionales tales como el derecho a la información, con excepción de las referidas al "derecho a la vida, y la prohibición de tortura, incomunicación y la desaparición forzosa, el derecho a la defensa y el no ser condenado a más de 30 años".

Los críticos predicen que esta cláusula será utilizada para censurar a los medios informativos, y algunos ejecutivos de este sector, activistas de Derechos Humanos y los líderes de la Iglesia Católica han mostrado su preocupación.

El coordinador general de Provea, una de las principales organizaciones de Derechos Humanos del país, Marino Alvarado, expresó que la reforma implica "que te pueden detener simplemente porque te consideren sospechoso (...) (y) se dejó abierta la puerta para las detenciones arbitrarias masivas". La reforma crea condiciones "favorables para violaciones masivas de Derechos Humanos", añadió Alvarado.

Los legisladores oficialistas defienden la decisión de restringir el derecho a la información durante los estados de emergencia, alegando que durante el breve derrocamiento de Chávez en 2002 se hizo evidente la necesidad de "reforzar" las medidas de protección del estado. Chávez y sus aliados acusan a los medios privados de apoyar a la fracasada rebelión.

"Restringir la información no es restringir el derecho del pueblo a estar informado", dijo Amaral. "Se trata de evitar los abusos, los excesos", agregó. Entre los elementos relevantes del proyecto aprobado se encuentra también el establecimiento de un régimen político y socioeconómico de corte socialista, y de diferentes modalidades de propiedad que privilegiaran las que serán gestionadas por cooperativas y el Estado.

Chávez planteó originalmente el cambio de 33 de los 350 artículos de la Carta Magna, pero sus aliados en la Asamblea decidieron después anexionar otros 36, tras celebrar una serie de reuniones y recibir numerosas propuestas por parte de la población. Entre las nuevas cláusulas destaca la ampliación de los poderes del presidente para crear nuevas regiones geográficas y fragmentar otras, un control total sobre el Banco Central y administrar a su discreción las reservas internacionales.

El gobernante afirma que la reforma constitucional, redactada por una Asamblea controlada por partidarios del mandatario, traerá prosperidad y democracia. Sus adversarios denuncian que es un plan estatista y militarista que establecerá una dictadura al estilo cubano. La oposición, por un boicot en los comicios legislativos del 2005, no tiene representación en la Asamblea.

Sus partidarios desestiman las denuncias de que acentuará la concentración de poder en manos del mandatario y el "autoritarismo", calificándolas de retórica de una elite económica temerosa de perder sus privilegios. La reforma además podría permitir a Chávez permanecer en el poder indefinidamente pues amplía el periodo presidencial a siete años y elimina la prohibición actual sobre una segunda reelección inmediata.

El diputado de Podemos Ismael García denunció la inconstitucionalidad de la reforma dado que que la actual Constitución sólo autoriza a los legisladores a cambiar aquellas normas que "no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional". "Se violaron las normas que permiten proteger la Constitución, la Asamblea no estaba facultada para esto", indicó García en su intervención.