CARACAS, 29 Abr. (Notimérica/EP) -
El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) ha señalado este martes que el proceso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra en libertad condicional después de estar tres años en prisión y en arresto domiciliario, pone en evidencia la "urgente" necesidad de introducir reformas en el sistema judicial venezolano y ha instado al Gobierno de Nicolás Maduro a realizar estos cambios.
El caso de Afiuni, que fue detenida en diciembre de 2009 tras haber sido acusada de liberar de manera irregular al empresario venezolano Eligio Cedeño, estuvo, según un informe de la organización, "plagado de múltiples violaciones al debido proceso y otros Derechos Humanos".
Según ha informado el IBAHRI, que envió en 2012 y 2013 observadores al proceso contra Afiuni, se cometieron graves irregularidades contra la jueza, quien fue arrestada sin una orden judicial, sometida a "abusos físicos severos" en la prisión de máxima seguridad para mujeres, o que el fiscal general no presentara suficientes pruebas para respaldar las alegaciones presentadas en su contra.
Asimismo, la organización ha destacado la ilegalidad de que el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez apareciese en televisión nacional inmediatamente después de la detención de la abogada para solicitar su encarcelamiento.
Además, el IBAHRI ha criticado "las frecuentes demoras" que hicieron que el proceso penal se extendiera durante más de cuatro años, lo que "ha violado el derecho de la jueza Afiuni a tener un juicio justo dentro de un período razonable de tiempo".
En este sentido, el copresidente del IBAHRI, Sternford Moyo, ha manifestado su preocupación por "los graves daños que el proceso penal de la jueza Afiuni ha causado a la independencia del sistema judicial venezolano y a la profesión legal en general, al haber generado una atmósfera de temor".
Moyo ha destacado que "nadie quiere ser el próximo Afiuni" y que está claro que "el sistema judicial de Venezuela necesita reformas urgentes, si se desea restaurar la confianza pública en la administración imparcial de la Justicia".
"Instamos al Gobierno venezolano a que tenga en cuenta la opinión de las organizaciones nacionales e internacionales y tome medidas rápidas y significativas para hacer realidad estos principios y cumpla con sus obligaciones", ha pedido.
EL CASO AFIUNI
La justicia venezolana concedió el verano pasado la libertad condicional a la jueza, que llevaba detenida desde hace más de tres años, en uno de los casos que más criticas levantó desde organismos internacionales contra el Gobierno de Chávez.
Afiuni fue detenida por, supuestamente, liberar de manera irregular a Cedeño, vinculado con operaciones cambiarias ilegales y que inmediatamente salió del país para evadir la justicia. La juez alegó que el empresario había superado el tiempo máximo permitido para que una persona permanezca en prisión a la espera de juicio.
Chávez llegó a pedir que Afiuni fuera condenada a 30 años de prisión --la pena máxima en ese país-- por haber liberado al empresario. La ONU criticó en varias ocasiones el régimen de prisión domiciliaria a la que estaba sometida la juez.