CARACAS, 26 Mar. (Notimérica/EP) -
El que fuera alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, planteará en los próximos días una recurso de 'habeas corpus' ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela por la supuesta violación de sus derechos procesales, según ha informado su abogada, Ana Leonor Acosta.
"A la brevedad introduciremos el recurso, probablemente esta misma tarde o mañana", ha anunciado la abogada defensora en una entrevista telefónica concedida este miércoles a la cadena venezolana Globovisión.
Acosta ha indicado que denunciarán la falta de competencia del TSJ "para llevar un juicio penal", lo que --según ha sostenido-- ha llevado a una vulneración de las garantías procesales del ex jefe del Gobierno de la capital tachirense.
A este respecto, la representante legal de Ceballos ha explicado que, al no tratarse de un tribunal penal, desconoce qué procedimiento debería seguir, con lo que "se violaron todos los derechos al debido proceso".
Acota incluso ha denunciado que Ceballos "no tiene sitio de reclusión porque debió ser presentado ante un tribunal competente". "Ahora está por orden de un juez a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Ramo Verde", ha detallado.
Ceballos, uno de los ediles más activos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, fue detenido el pasado 19 de marzo en un hotel de Caracas, donde asistía a una reunión de alcaldes opositores, de manos de agentes del SEBIN.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, explicó que Ceballos fue detenido después de que siete ciudadanos presentaran denuncias en su contra ante el Tribunal Tercero de San Cristóbal "por omisión de sus funciones como alcalde por cerrar vías, por no recoger la basura y permitir que se use la basura para hacer barricadas, así como por la inacción de la policía municipal".
El TSJ, en un proceso judicial 'express', ha condenado hoy a Ceballos a 12 meses de prisión y al cese de sus funciones por desacato a la orden que dio el alto tribunal de evitar las barricadas en su jurisdicción.
El que fuera alcalde de San Diego, el también líder opositor Enzo Sacarano, fue detenido y condenado el mismo día, por motivos similares, a abandonar el cargo y a cumplir una pena de 10 meses y 15 días de prisión.
CRISIS VENEZOLANA
Estas detenciones se enmarcan en la crisis política que se desató el pasado 12 de febrero en Venezuela, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado al menos 37 muertos, 461 heridos y 1.854 detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.