CARACAS, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía venezolana ha ordenado la detención de cuatro comerciantes de Caracas, por la posesión de miles de kilogramos de carne, embutidos y quesos, pertenecientes a las redes gubernamentales Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y Mercados de Alimentación (Mercal).
Los propietarios de los restaurantes 'Yovara', 'Ferros' y 'Campestre' han sido imputados por los delitos de peculado doloso impropio --apropiación intencionada de un bien del Patrimonio Público-- en grado de cooperadores inmediatos, asociación para delinquir y boicot.
Estos delitos están sancionados por la ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la ley orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El caso se inició ante las denuncias de vecinos del sector turístico de la parroquia El Junquito, quienes refirieron a las autoridades que a estos comercios ingresaban regularmente grandes cantidades de alimentos, por lo que suponían que eran de los que el Gobierno distribuía para la población a precios regulados y subsidiados.
"OFENSIVA INSTITUCIONAL" CONTRA LA CORRUPCIÓN
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el pasado mes que la "ofensiva institucional" contra la corrupción comenzará en el primer trimestre de 2014, gracias a los poderes especiales conferidos por la Ley Habilitante.
El líder 'chavista' explicó que en realidad la lucha contra la corrupción arrancó el pasado 6 de noviembre, cuando puso en marcha una serie de medidas para contrarrestar la "guerra económica" supuestamente lanzada por la oposición.
Durante estos días de lucha contra la "guerra económica" se han inspeccionado más de mil locales comerciales, ubicados en su mayoría en la Gran Caracas.
"GUERRA ECONÓMICA"
El pasado 6 de noviembre, Maduro reveló que a lo largo del mes de octubre se gestó "un golpe de Estado silencioso contra la democracia, contra el pueblo venezolano", al que se refirió como "guerra económica".
Maduro sostuvo que el objetivo final de estos "ataques" era "la quiebra del Estado política, económica y moralmente", así como "el caos social, mediante planes insensatos que están fuera de la Constitución".
El dirigente aseguró que tenía pruebas de que esta "guerra económica" estaba dirigida por "sectores de Venancham, Consecomercio y (el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) Jorge Roig".
LEY HABILITANTE
Por ello, solicitó una Ley Habilitante, mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado dictar normas con rango de ley en una materia determinada y por un periodo de tiempo determinado con carácter extraordinario. Otorga, por tanto, poderes especiales.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado 21 de noviembre la norma jurídica para permitir a Maduro que gobierne sin ataduras para contrarrestar la supuesta "guerra económica" lanzada por la oposición, con el apoyo de otros países, y la corrupción.
Durante sus 14 años de Gobierno, el ex presidente Hugo Chávez solicitó hasta cuatro leyes habilitantes: la primera en 1999, que duró seis meses, la segunda en 2000, para un año; la tercera en 2007, para 18 meses; y la última en 2010, para otros 18 meses.