CARACAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha informado este viernes de que un total de 213 personas han sido detenidas, desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, hace casi cuatro meses.
Ortega Díaz ha subrayado que entre los arrestados solamente hay 17 estudiantes, lo que representa un 7,9 por ciento del total, y, en concreto, siete menores que serán puestos a disposición del Consejo de Protección de Niños y Adolescentes del municipio de Libertador.
Además, ha indicado que el Ministerio Público ha iniciado "180 investigaciones, y que ya se presentaron 20 actos conclusivos, que incluyen seis acusaciones: una por homicidio calificado y cinco por trato cruel, casos por los que fueron acusados 12 funcionarios".
"Tras la presentación de los referidos actos conclusivos, quedan 160 investigaciones: dos por homicidio consumado, dos por tortura y 156 por trato cruel", ha detallado en un comunicado.
Ortega Díaz ha confirmado que, "como consecuencia de las manifestaciones violentas, 42 personas han fallecido, 32 de las cuales son civiles y 10 funcionarios, entre ellos un fiscal".
"INJERENCIA DE EEUU"
Por otro lado, ha rechazado "la injerencia de Estados Unidos", en alusión a las declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, quien consideró que "el diálogo entre la oposición y el Gobierno nacional no puede convertirse en una tertulia más", así como a la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de imponer sanciones por violaciones de los Derechos Humanos.
Ortega Díaz ha considerado que "dicha situación atenta contra la dignidad del pueblo venezolano", recordando que "en la Constitución de Venezuela se habla de la autodeterminación, por lo que no se requiere de otros países para resolver los conflictos propios".
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en el país iberoamericano estalló el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá y, aunque expresó su respaldo a Maduro, creó una comisión de ministros de Exteriores que ha conseguido sentar a la mesa de negociaciones a Gobierno y oposición.