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CARACAS, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) han acordado este lunes los grupos de trabajo de la Comisión de la Verdad que se encargará de investigar las supuestas violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de la crisis política venezolana.
Los grupos de trabajo estarán integrados por los diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Elvis Amoroso y Robert Serra y por los legisladores de la MUD Delsa Solórzano y Roberto Enríquez.
El objetivo de estos grupos de trabajo es elaborar una agenda con los temas que serán abordados por la Comisión de la Verdad, así como su alcance y funcionamiento, según ha informado el diario venezolano 'El Universal'.
Además, se ha acordado la creación de otro grupo de trabajo, al margen de la Comisión de la Verdad, para revisar los casos de los políticos inmersos en proceso judiciales, del que formarán parte los diputados opositores Édgar Zambrano y Andrés Velásquez, a la espera de que el Gobierno designe a sus representantes.
La MUD también ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para la descentralización, cuyo cometido será definir claramente las competencias del Gobierno nacional, los estados y los municipios y sus respectivos recursos presupuestarios. El Gobierno aún debe pronunciarse sobre este tema.
DIÁLOGO POLÍTICO
El Gobierno y la MUD comenzaron el diálogo político el pasado 10 de abril en el Palacio de Miraflores --sede de la Presidencia venezolana-- con la mediación del Vaticano y de los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Después de los numerosos llamamientos realizados por Maduro, finalmente el sector más moderado de la MUD, liderado por su secretario ejecutivo, Ramón Guillermo Aveledo y por Henrique Capriles, decidió dialogar.
Para ello tuvo que renunciar al cumplimiento de una serie de requisitos previos por parte del Ejecutivo, lo cual ha creado una brecha en la coalición opositora, ya que otro sector se niega a sumarse a las conversaciones sin estas "condiciones elementales".
Los más radicales de la coalición opositora --entre ellos Leopoldo López y la ex diputada María Corina Machado-- exigen al Gobierno el fin de la represión de las protestas en su contra, la liberación de los detenidos en las mismas y el desarme de los grupos de civiles.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela estalló el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, que ya ha dejado 41 muertos, 674 heridos y 175 detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
UNASUR fue un paso más allá y, aunque expresó su respaldo a Maduro, creó una comisión de ministros de Exteriores que ha conseguido sentar a la mesa de negociaciones a Gobierno y oposición.