Describe los casos de 150 víctimas, algunas de las cuales fueron torturadas bajo custodia policial
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha documentado numerosos casos de agresiones perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas contra manifestantes pacíficos y asegura que estas son prácticas "sistemáticas" que buscan castigar a personas por sus opiniones políticas e impedir que se documenten los abusos.
La investigación del grupo documenta durante seis semanas un total de 45 casos que afectan a 150 víctimas en los que miembros de las fuerzas de seguridad "vulneraron derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas".
En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos "fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares". "Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras", denuncia el grupo.
Además, señala que a numerosos detenidos con lesiones graves como heridas de perdigones y fracturas provocadas por palizas se les negó el acceso a atención médica o bien fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento. "En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual", explica.
En al menos diez de estos casos, HRW considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.
CRISIS MÁS GRAVE EN VENEZUELA EN AÑOS
"La magnitud de las violaciones de Derechos Humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", ha señalado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. "Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años", ha añadido.
Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
"La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos, acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables, sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas", indica HRW en su informe.
En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
DEBIDO PROCESO
En cuanto a la actuación judicial, HRW destaca que "prácticamente todas" las 150 víctimas "sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso". "Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible", argumenta.
"Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico", agrega.
La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados "demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos de poder del Gobierno".
El informe de 103 páginas lleva por título "Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela" y analiza casos ocurridos en Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda.
La investigación se basa en decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de los Derechos Humanos.
HRW también reunió evidencias como fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.
RECOMENDACIONES
HRW concluye su informe pidiendo a las autoridades el "cese inmediato" de los excesos de las fuerzas de seguridad durante las protestas además de investigaciones "oportunas, exhaustivas e imparciales" para que los responsables puedan ser juzgados.
"También se deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas", indica.
"Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible", ha destacado Vivanco. "Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas", ha matizado.
HRW recuerda que el Gobierno ha informado de que hay 145 investigaciones abiertas por presuntas violaciones de Derechos Humanos y de que se ha detenido a 17 agentes por su supuesta participación en estos casos. "Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia", ha argumentado Vivanco.
"Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial", ha afirmado.
Por último, HRW emplaza a la comunidad internacional y en particular a "los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano" a "condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por HRW".