CARACAS, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha entregado este martes al Gobierno su crítica al "Plan de Pacificación" para Venezuela, tal y como acordaron en la última sesión del diálogo político destinado a poner fin a la crisis que vive el país.
"Conforme a lo prometido, anexo nuestro análisis del Plan de Pacificación, en el marco del diálogo político que sostenemos", ha dicho el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, en una carta dirigida al vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza.
El "Plan de Pacificación" se divide en 10 puntos, entre los que destacan "ampliar y mejorar el sistema policial; continuar el plan desarme de bandas violentas; y crear una brigada policial-militar para combatir los grupos de paramilitares y narcotraficantes".
Asimismo, contempla "fortalecer el movimiento por la paz y la vida; iniciar una gira deportiva y cultural; desplegar los Territorios de Paz; transformar la televisión abierta y por cable y los centros carcelarios; utilizar las misiones para el combate de la pobreza y la Ley Habilitante".
La MUD ha estimado que "los 10 puntos de este plan soslayan la causa principal del aumento de la inseguridad en Venezuela: un 98 por ciento de impunidad, que se deriva de un sensible deterioro en el sistema de justicia en los últimos 15 años".
Además, ha recordado que "varios de los puntos de este Plan de Pacificación han sido mencionados en los 21 anteriores, pero nunca se han ejecutado realmente". "Sería muy negativo que esta vez ocurriera lo mismo", ha dicho.
MEJORA POLICIAL
La MUD ha recomendado, en relación a la mejora de la Policía, "incrementar su número de efectivos, en lugar de utilizar a los funcionarios de la Fuerza Armada en labores de seguridad ciudadana, de manera que Venezuela cumpla con los estándares internacionales adecuados para los países con alta criminalidad".
"Es esencial la dotación adecuada de los cuerpos policiales del país, de manera que puedan contar con los equipos necesarios para combatir de manera eficaz el delito", ha considerado, aconsejando que reciban "capacitación constante y un salario acorde con el riesgo que corren".
A este respecto, ha pedido revisar la orden del Ministerio de Defensa que limita a las policías estatales y municipales el calibre de las armas que usan, dado que "en la actualidad libran una guerra desigual contra los delincuentes, que poseen armas de altísima potencia".
"Igualmente, proponemos que el presupuesto para seguridad ciudadana sea elevado, ya que hoy solo representa una pequeñísima parte del total de gastos gubernamentales --cerca del uno por ciento, de conformidad con el estudio realizado por Transparencia Venezuela--", ha señalado.
DESARME DE GRUPOS CIVILES
Por otro lado, ha subrayado que los llamados colectivos "o grupos paramilitares deben ser inmediatamente objeto de una política de desarme". "Sería útil, por motivos de seguridad y credibilidad, que tal desarme sea verificado internacionalmente", ha apuntado.
"Las bandas armadas que funcionan en nuestros penales, encabezadas por los denominados 'pranes', también deben ser inmediatamente objeto de esta política de desarme", ha añadido la coalición opositora en un comunicado.
También ha criticado que "varios de los artículos de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones no están siendo aplicados cabalmente". "Aprobar instrumentos legislativos, tiene sentido si se los acompaña con voluntad política", ha indicado.
RENOVACIÓN DE LOS CARGOS PÚBLICOS
En tercer lugar, ha insistido en la necesidad de renovar determinados cargos públicos estatales cuya designación depende directamente del Gobierno, al considerar que hasta ahora su nombramiento ha obedecido a razones políticas que impiden su obligatoria independencia.
"Proponemos que la Asamblea Nacional aproveche el próximo vencimiento de la máxima titular del Ministerio Público para que, a través de los mecanismos constitucionales, se escoja como Fiscal General a una persona que sea verdaderamente independiente", ha dicho.
También ha apuntado a la necesidad de que, "a raíz del vencimiento del periodo de 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional escoja para ocupar estos cargos a juristas que reúnan los requisitos establecidos en la Constitución".
"Consideramos imprescindible que la totalidad de los jueces y fiscales del Ministerio Público del país sean designados a través de concursos de oposición públicos y abiertos, realizados por jurados integrados de conformidad con la ley", ha remachado.
DIÁLOGO POLÍTICO
El Gobierno y la MUD comenzaron el diálogo político el pasado 10 de abril en el Palacio de Miraflores --sede de la Presidencia venezolana-- con la mediación del Vaticano y de los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Después de los numerosos llamamientos realizados por Maduro, finalmente el sector más moderado de la MUD, liderado por su secretario ejecutivo, Ramón Guillermo Aveledo y por Henrique Capriles, decidió dialogar.
Para ello tuvo que renunciar al cumplimiento de una serie de requisitos previos por parte del Ejecutivo, lo cual ha creado una brecha en la coalición opositora, ya que otro sector se niega a sumarse a las conversaciones sin estas "condiciones elementales".
Los más radicales de la coalición opositora --entre ellos Leopoldo López y la ex diputada María Corina Machado-- exigen al Gobierno el fin de la represión de las protestas en su contra, la liberación de los detenidos en las mismas y el desarme de los grupos de civiles.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela estalló el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, que ya ha dejado 41 muertos, 674 heridos y 175 detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
UNASUR fue un paso más allá y, aunque expresó su respaldo a Maduro, creó una comisión de ministros de Exteriores que ha conseguido sentar a la mesa de negociaciones a Gobierno y oposición.