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CARACAS, 6 May. (Notimérica/EP) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado el "uso ilegítimo de la fuerza" por parte de la Policía en las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro que se vienen produciendo desde el pasado mes de febrero diferentes ciudades de Venezuela y ha asegurado que ha llegado a documentar al menos diez casos de tortura.
"Han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados", ha afirmado la ONG en un informe de 103 páginas, titulado 'Castigados por protestar: Violaciones de Derechos Humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela', que ha sido presentado este lunes.
En este texto también se alerta de que las fuerzas de seguridad "permitieron que pandillas armadas partidarias del Gobierno atacaran a civiles que no estaban armados y, en algunos casos, colaboraron abiertamente con ellas". Asimismo, se denuncia que los funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.
"La magnitud de las violaciones de Derechos Humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", según ha apuntado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
En este sentido, el portavoz de la ONG ha indicado que todos estos sucesos, que se recogen en el informe, "forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años". "La comunidad internacional debería condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados", ha apostillado.
Por todo ello, y aunque ha pedido a los líderes de la oposición "que continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible", ha insistido en que debe quedar claro que "nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas".
ABUSOS POLICIALES Y TORTURAS
La ONG asegura que en al menos 10 casos documentados "la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura", mientras que otros 150 casos sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso.
Según precisa el informe, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. "Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras", añade el texto.
De la misma forma, el informe denuncia que a numerosos detenidos con lesiones graves "se les negó el acceso a atención médica". En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.
Según el Gobierno, a fecha de 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de Derechos Humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.
Sin embargo, Vivanco considera que "debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia".
RECLAMA LA PRESENCIA DE ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN
Tras denunciar estos hechos, la ONG ha reclamado al Gobierno de Venezuela que facilite la verificación de organismos de supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y adopte medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial, con el objetivo de que sus esfuerzos en esta dirección sean creíbles.
En esta línea, ha reclamado que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y que se juzgue a los responsables. Para ello, incide en la importancia de que la Asamblea Nacional elija nuevos magistrados permanentes para cubrir once vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, a través de un proceso de selección abierto y transparente.
Finalmente, insiste en reclamar a los gobiernos latinoamericanos --principalmente aquellos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela, como la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA-- que exijan que el gobierno de Maduro "ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad".
HRW ha llevado a cabo una investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de Derechos Humanos.