MIAMI, 15 Oct. (EP/AP) -
La Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó este lunes que el cierre de Radio Caracas Televisión por parte del gobierno de Venezuela ha sido uno de los episodios más graves contra la libertad de prensa en los últimos seis meses, en los que además se registraron "grandes triunfos y grandes dificultades".
"Cada día de este año (que se contabiliza desde marzo) ha sido un día de lucha en el incansable esfuerzo por la conquista de la libertad de prensa", expresó el presidente saliente de la SIP, Rafael Molina al inaugurar oficialmente la 63 Asamblea General de la organización, que culmina el martes.
"Ha sido un período de grandes triunfos y grandes dificultades", consideró Molina, que este martes será reemplazado como presidente del organismo interamericano de Prensa por el representante del diario estadounidense 'Sun-Sentinel', Earl Maucker.
Molina, que pronunció su último discurso como presidente de la SIP ante un auditorio de más de 600 representantes de medios de comunicación de América, mencionó como caso negativo el cierre de RCTV y como positivo el apoyo de los jueces de distintos países en República Dominicana a la lucha de la SIP contra el asesinato de periodistas.
"La noche del 27 de mayo, cuando fui testigo del cierre de RCTV ... se cumplía un mandato arbitrario ... de impedir el principio sagrado de la libertad de expresión a un pueblo", manifestó Molina.
Desde que comenzaron las deliberaciones de la SIP el pasado viernes en Miami, el organismo que aglutina a los medios de prensa más importantes del hemisferio occidental se centró en destacar los obstáculos del gobierno venezolano que preside Hugo Chávez para ejercer el periodismo independiente.
El organismo condenó también las presuntas presiones de las autoridades venezolanas a la industria hotelera para que no acepte albergar la próxima asamblea de la SIP el próximo mes de marzo y reiteró que mantendrá sus esfuerzos para celebrar la reunión en ese país.
En el informe preliminar sobre la libertad de prensa en Caracas, la organización alertó que casi una treintena de periodistas ha sido objeto de amenazas o hechos de violencia en la nación sudamericana.
El gobierno de Chávez calificó recientemente a la SIP como la "Sociedad Interamericana de Explotadores de Periodistas" y advirtió que le está agrediendo.
En la penúltima jornada de la asamblea, el presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales denunció ante una concurrida audiencia de propietarios y editores de medios de comunicación que en su país existen oligopolios poderosos de empresas periodísticas con vínculos políticos y económicos que limitan el derecho a la información.
"Es innegable la existencia en Honduras de oligopolios en cuanto a la propiedad de las grandes cadenas de medios informativos (escritos y de televisión) que generalmente mantienen una estrecha vinculación con los poderes políticos y económicos tradicionales", expresó Zelaya durante un almuerzo, sin mencionar los nombres de esos presuntos oligopolios.
El mandatario dijo que esas empresas periodísticas tenían intereses en el sector bancario, de la salud, telecomunicaciones y de venta de armas, que provocaban indirectamente "la falta de un efectivo ejercicio" de la libertad de expresión.
Zelaya también advirtió que los medios de su país le han negado al gobierno el derecho de réplica. "Este derecho elemental se nos ha negado", sostuvo.
Por otra parte, comenzó la elección de 20 nuevos directores de la junta directiva de la SIP, cuyo resultado será anunciado mañana martes durante la clausura de la asamblea.
Durante la presentación de informes ante la junta directiva, Bartolomé Mitre, presidente de la Comisión de Chapultepec, advirtió que el año próximo se agotan los fondos para el funcionamiento del proyecto que busca promover en los países una comprensión pública sobre la importancia de la libertad de prensa.
Mitre, del diario 'La Nación' de Argentina, instó a la SIP a ser "creativa para no permitir que este importante proyecto deje de existir".
Al presentar su informe en la reunión de la junta directiva de la SIP, destacó que en los últimos seis meses El Salvador, Nicaragua, Honduras y Paraguay se comprometieron a efectuar mejoras legislativas para alentar la Declaración de Chapultepec.
La declaración está fundamentada en el concepto de que "ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa". El proyecto fue creado en 1994 y hasta ahora ha funcionado con fondos de la Fundación Robert McCormick. "No podemos abandonar esta lucha o dejar de utilizar este instrumento", concluyó Mitre.