Actualizado 13/10/2007 08:34

Venezuela.- Varias ONGs denuncian ante la CIDH la "discriminación política" que se vive en Venezuela

WASHINGTON, 13 Oct. (EP/AP) -

Una decena de organizaciones no gubernamentales de Venezuela expresaron el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el país se está acentuando cada vez más una campaña de "discriminación política" encabezada por el presidente, Hugo Chávez.

El Gobierno ignora así 13 tratados internacionales que "no sólo lo obligan a buscar a los responsables sino impedir que se cometa esa discriminación", que conlleva odio, amenazas, miedo y represalias, según Rocío San Miguel, una de la ponentes en una audiencia de la CIDH.

"Creo que nuestra presentación permitirá ilustrar a la comisión sobre el grave problema que está en ejecución en el país", comentó San Miguel, de la Asociación Civil Control Ciudadano y el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, dos de los grupos participantes.

Por su parte, el director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la universidad venezolana, Héctor Fernández Ledesma, otro de los peticionarios de la audiencia, alegó que la propuesta de reforma constitucional de Chávez "afecta la vigencia de los Derechos Humanos y resulta incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

La audiencia, en la que no estaba prevista la presencia de delegados del Gobierno, fue cerrada al público y a la prensa minutos antes de empezar debido a que emisarios de Chávez tenían la intención de pedir inmediatamente una réplica. "El Gobierno venezolano no considera conveniente que la comisión reciba denuncias en privado de ONGs venezolanas y extranjeras", reclamó Germán Saltrón, agente del estado venezolano para el sistema interamericano e internacional. "Eso nos priva del derecho de defensa, porque no nos permitieron ingresar a esa audiencia", agregó.

Saltrón, quien participó en otra audiencia de la CIDH sobre el programa para la protección de víctimas y testigos, dijo que lo dicho por las ONGs "ya lo han venido planteando en Venezuela, y lo que dicen no es cierto". "Ellos se han autodiscriminado, se han autoexcluido de toda participación", afirmó.

Las ONGs se refirieron a la situación de "inseguridad y acoso" de los defensores de los Derechos Humanos, la libertad de expresión, particularmente "la forma arbitraria en que el Gobierno ha ido copando los medios", y las transmisiones obligatorias en la cadena nacional de los mensajes presidenciales que en lo que va del año ya suman 111 horas.

"Adicionalmente a eso, el Gobierno dispone de 10 minutos diarios en los medios para transmitir sus mensajes", explicó Fernández a los periodistas al concluir la audiencia. "El Estado ha ido copando con sus mensajes el espacio radioeléctrico y al mismo tiempo excluyendo toda posibilidad de oposición".

Fernández alegó que como parte de esa campaña oficial se han generado 63 acciones contra periodistas, de los cuales 23 corresponden a juicios por vilipendio, 11 por difamación e injuria y los otros a "casos simplemente de acoso judicial".

El director del Centro de Estudios de Derechos Humanos añadió que el Gobierno emprendió la semana pasada una acción contra Globovisión, "el único canal independiente que va quedando" en Venezuela, para obligarle a entregar un video que transmitió y que muestra imágenes de "unas personas cometiendo un delito en una autopista de Caracas". "Por ese hecho, el canal ha sido denunciado como desestabilizador", comentó.

San Miguel, mientras, declaró que las ONGs trajeron a la audiencia documentación sobre casos que ocurrieron en Venezuela desde el 2003, entre las cuales mencionó 224 declaraciones de altos funcionarios, 108 de ellas del presidente, en las cuales "aparecen claros indicios de amenazas de discriminación política".

A ello se añadió información sobre 1.222 víctimas individualizadas de un conjunto de artículos en los cuales relatan la forma en que han "perdido sus derechos por motivos políticos", así como una "muestra de nueve leyes, en las que hay claras evidencias de tener contenidos de discriminación política, más 14 decisiones del Tribunal Supremo con el mismo contenido", expresó.